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Toluca, Méx. En 2018, la Secretaría del Trabajo publicó la Norma 035 sobre los factores de riesgo psicosocial en los centros laborales, la cual obliga a realizar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores. A la fecha, menos de la mitad cumple con esta disposición.
Luis Eduardo Olivera Martínez, director del Consejo Latinoamericano de Calidad Humana y Responsabilidad Social, señaló que la falta de información sobre esta normativa es la principal barrera para su implementación, a pesar de su carácter obligatorio.
Expuso que, en las revisiones realizadas a empresas e industrias, estiman que menos de la mitad las cumplen cabalmente.
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Es una norma que no tiene la aceptación que se requiere, y todavía hay muchos empresarios que la desconocen. Nosotros, como unidad de inspección aprobada por la Secretaría del Trabajo para dictaminar empresas en esta norma, la conocemos; sin embargo, muchos empresarios no la aceptan o no la quieren.
Actualmente, las empresas que muestran al menos un mínimo interés por cumplir con este requisito de salud laboral son aquellas que tienen o aspiran a obtener licitaciones gubernamentales. El resto, ya sean grandes, pequeñas o medianasm, se muestran indiferentes a cumplirla.
A la par, existe un vacío en el cumplimiento cabal de la disposición, ya que aquellas que la llevan a cabo únicamente realizan encuestas para conocer la condición de salud mental de sus trabajadores, pero no implementan programas para atenderla, tanto en aspectos correctivos como preventivos.
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Otro pendiente de la Secretaría del Trabajo es avalar a las unidades de inspección para el cumplimiento de la Norma 035. Actualmente, a nivel nacional, solo existen cuatro unidades debidamente certificadas para revisar a las empresas, vacío que aprovecha el sector económico para eludir la disposición, operando con inspectores que realizan un mínimo trabajo.
“No se ve que las empresas estén muy preocupadas por cumplir. Yo pienso que lo que las motiva en ocasiones es ser requeridas para competir como requisito para un contrato con el gobierno”, concluyó Eduardo Olivera.
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