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Toluca, Méx. Este lunes 20 de enero inicia el segundo periodo de gobierno de Donald Trump, al frente de Estados Unidos, lo que ya pone en alerta, no sólo los mercados financieros, sino las garantías de operación y crecimiento de las empresas instaladas en nuestro país.
De acuerdo con Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), este escenario por sí solo avizora un incremento en el índice de inflación y precios, si se materializan las amenazas de incremento de aranceles para productos nacionales.
Señaló que si bien se ha tenido una postura firme ante las declaraciones del mandatario del país vecino, el aumento de aranceles desencadenaría un incremento de hasta 1.2% en los precios de consumo hacia la segunda mitad de este año, y traería consecuencias en el poder adquisitivo y en el crecimiento económico de este 2025.
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El hecho de que se tenga, además, una estrecha mayoría en el Congreso y la Corte Suprema le otorgará la posibilidad a Donald Trump de cambiar las reglas del juego y concretar los proyectos que en su primer mandato no pudo hacer, por lo que más que nunca se requiere un esquema reglamentario, firme y ágil dentro de nuestro país.
“Para las empresas, un escenario de desaceleración y un tipo de cambio muy alto impacta de manera directa sobre el nivel de consumo, y el aumento en las tasas de interés, lo que pondría en riesgo muchas de sus operaciones, y en serios aprietos a aquellas que mantienen deuda constante… es indispensable tomar medidas de protección a través del crédito a plazo fijo, así como tomar previsiones en el caso de aquellas que tienen insumos provenientes de China porque eventualmente, podrían tener incremento en sus costos”, expresó.
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El llamado constante que se ha hecho, dijo, es establecer medidas ágiles para la llegada de inversiones, las condiciones reales de digitalización en los procesos, así como el fortalecimiento de los mensajes de certeza, sin embargo, durante los próximos meses también será indispensable la protección en materia financiera para las operaciones económicas públicas.
Uno de los puntos en los que se debe poner especial atención es el tipo de cambio, y las implicaciones que esto tendrá sobre fondos de ahorro, inversiones y sobre todo temas de financiamiento.
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