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Toluca, Méx. La eventual deportación de migrantes mexicanos en los Estados Unidos requiere una atención seria y organizada en materia laboral de connacionales repatriados, toda vez que su contratación e integración a la vida productiva no puede darse por un decreto gubernamental, ni con sólo intenciones de abrir nuevas plazas de trabajo, reprochó Mauricio Massud Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem).
A decir del líder de los empresarios de la entidad, si bien hay sectores específicos que tienen escasez de colaboradores, se requiere antes un análisis profundo, es decir, una estrategia de contratación de acuerdo con las zonas y sectores necesarios, además de una política de incentivos para que el sector privado convierta este ofrecimiento en una realidad.
Expuso que en el sector servicios y comercio hay de manera permanente vacantes disponibles, sin embargo, también hay un elevado costo de rotación de personal, lo cual encarece la operación de los establecimientos en temas de capacitación y pago de prestaciones.
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“Se trata de personas habituadas a ingresos muy por encima de lo que se paga en México, necesitamos analizar perfiles, capacidades y su verdadera intención de permanecer en el país. Muchos de ellos podrían estar sólo en espera de una oportunidad para regresar a Estados Unidos”, declaró.
Refirió que si bien hay una intención clara de apoyo a los connacionales en un acto de responsabilidad, solidaridad y respeto, también se debe cuidar la competitividad de las empresas para que la cadena de valor no se vea afectada.
Con ello llamó a un actuar de las autoridades responsables en temas de incentivos, agilización de trámites y certeza jurídica, además de garantizar condiciones de crecimiento económico para el país.
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En el caso del Estado de México, hasta el momento hay cerca de 660 mil mexiquenses radicados en Estados Unidos con una situación migratoria irregular, mismos que forman parte de una cadena de valor importante dentro de sus comunidades, con el pago de remesas, que sólo el año anterior ascendió a más de 6 mil 800 millones de dólares.
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