Toluca, Méx. La Secretaría de la Contraloría del Estado de México ha implementado un protocolo de evaluación de confianza para servidores públicos que ocupan cargos estratégicos.
Su propósito es garantizar que las personas responsables del manejo de recursos públicos cumplan con principios de legalidad, ética y transparencia.
Este proceso es desarrollado por la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.
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Desde el inicio de la actual administración, se han realizado 390 evaluaciones y emitido 212 constancias, con base en los resultados de las pruebas aplicadas.
Las evaluaciones incluyen diversos exámenes: médico-toxicológico, psicológico, socioeconómico y poligráfico.
A partir de estos, se emite un dictamen que clasifica a la persona evaluada en tres categorías:
Este mecanismo se alinea con los objetivos del Eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029, que establece lineamientos para un gobierno basado en "Cero Corrupción, Gobierno del Pueblo y para el Pueblo, Estado de Derecho y Austeridad".
El proceso está dirigido a aspirantes y servidores públicos cuyas funciones incluyen la administración de fondos, fiscalización de recursos y supervisión de personas físicas o jurídicas.
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Entre los sectores evaluados se encuentran: supervisión de obra pública y residencia de obra, análisis de precios unitarios en adquisiciones y contrataciones y otorgamiento de licencias, autorizaciones, concesiones y permisos, incluyendo modificaciones y prórrogas.
Además, estas evaluaciones no se limitan a la administración estatal, sino que también aplican a servidores públicos municipales y de otros poderes del Estado u organismos autónomos.
Para ello, la Secretaría de la Contraloría ha establecido convenios de colaboración que permiten ampliar el alcance de estas revisiones.
De acuerdo con la dependencia, este modelo refuerza la rendición de cuentas y contribuye a consolidar procesos administrativos más eficientes y confiables.
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