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Toluca, Méx. - De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023, en el Estado de México el 56.8% de la población mayor de 18 años que habita en áreas urbanas de 100 mil habitantes y más, refiere que la corrupción es el segundo problema social, después de la inseguridad y la delincuencia.
La percepción de la corrupción como uno de los problemas más importantes en la entidad es superior incluso a rubros como la pobreza, el desempleo, el mal desempeño del gobierno, la mala atención en centros de salud y hospitales públicos, así como la mala aplicación de la ley.
De manera adicional, el 86.5% de las personas encuestadas señalaron que la corrupción es un acto frecuente y da cuenta que durante el año anterior se registraron 25 mil 856 casos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra por arriba de la tasa nacional, que oscila en 25 mil 394 por cada 100 mil habitantes.
Por otra parte, el informe del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado y Municipios 2022-2023 señala que se integraron en la Fiscalía General de Justicia mexiquense cuatro mil 987 carpetas por hechos de corrupción, la mayoría por abuso de autoridad, pero enfatiza que únicamente 100 de ellas fueron judicializadas y 35 derivaron en una sentencia condenatoria.
La encuesta también da cuenta del nivel de percepción de confianza de los mexiquenses en las instituciones, siendo las universidades públicas las que registran una mayor calificación de confianza con 7.6; le siguieron las escuelas públicas de nivel básico con 7.2, el Ejército y la Marina, con 6.9, y la Guardia Nacional, con 6.6.
Posteriormente le siguieron los hospitales públicos, organismos autónomos, gobierno federal, instituciones religiosas, ONG’s, Comisión de Derechos Humanos, institutos electorales, medios de comunicación y el gobierno estatal.
El anterior panorama refleja que es necesario establecer políticas que legitimen el sistema gubernamental, transparenten el ejercicio público, propicien un desarrollo social e institucional y aseguren el acceso a la justicia.
Bajo el entendido que la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas frena el desarrollo económico de la entidad, incrementa las desigualdades sociales, genera inestabilidad social y corrupción, debilita la democracia y reduce el impacto de las políticas públicas, el gobierno se ha trazado dentro del Plan de Desarrollo 2023-2029 diversas estrategias que ayuden a eficientar la administración y recobrar la confianza.
Entre estas se encuentra: implementar la figura del vigilante anticorrupción a través de inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares y, en su caso, ayuntamientos; instaurar mecanismos para realizar de manera pronta y expedita el procedimiento de responsabilidad administrativa, así como aplicar evaluaciones de confianza a las personas aspirantes y servidoras públicas de las administraciones estatal, municipal, de organismos auxiliares y demás Poderes del Estado, sobre todo para quienes manejan recursos públicos o participan en procesos de contratación de servicios y obra pública.
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