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Toluca, Méx. — Al menos 28 militares enfrentan un proceso penal en la entidad mexiquense por diversos delitos, entre los que destacan homicidios, violaciones y robos, informó el Poder Judicial del Estado de México.
Vía solicitudes de información, la Visitaduría Auxiliar en Materia Penal reportó que, al corte del 26 de agosto de 2024, estos juicios se llevan a cabo en juzgados de control y tribunales de enjuiciamiento ubicados en municipios como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Chalco, Zumpango y Jilotepec.
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Entre las acusaciones contra los militares, siete corresponden a homicidio y cuatro a homicidio en grado de tentativa.
Además, se contabilizan cinco casos de violación, uno de feminicidio, uno de desaparición de personas, dos de abuso sexual, dos de secuestro, cinco de robo, uno de violencia familiar, uno de intento de feminicidio y uno de lesiones. Los expedientes de estos casos datan de los años 2012, 2016, 2023 y 2024.
Uno de los casos de secuestro tiene agravantes, ya que fue perpetrado por un grupo de dos o más personas con violencia. La víctima, mayor de 60 años de edad, fue atacada por elementos que eran o habían sido parte de las fuerzas armadas mexicanas.
En cuanto a los delitos de violación, se detectó que dos de las víctimas tenían alguna discapacidad, mientras que otras dos eran menores de edad. Estos crímenes subrayan la gravedad de las acusaciones y la necesidad de un tratamiento judicial riguroso.
Derivado de un estudio realizado por la Visitaduría Auxiliar en Materia Penal, se identificó que los Juzgados de Control del Estado de México tenían, al 26 de agosto de 2024, un total de 17 procesos activos en contra de personal militar.
A través de la circular 72/2024, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México instruyó a los jueces de control que notifiquen a la 22/a Zona Militar de Santa María Rayón y a la 37/a Zona Militar ubicada en Santa Lucía sobre las resoluciones de vinculación o no vinculación a proceso de los imputados pertenecientes al personal militar en activo.
Este fenómeno no es exclusivo del Estado de México. A nivel nacional, se han documentado numerosos casos en los que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) han estado involucrados en delitos graves.
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Uno de los ejemplos más emblemáticos es la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un caso que continúa siendo objeto de investigación y controversia.
Otro caso relevante es el de Ernestina Ascencio Rosario, quien en 2007 falleció tras presuntamente ser víctima de abuso sexual por parte de militares desplegados en la Sierra de Zongolica, Veracruz. Actualmente, este caso se encuentra bajo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo que refleja la dimensión internacional de las violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas mexicanas.
La creciente incidencia de procesos judiciales contra personal militar plantea una interrogante sobre el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interna y el impacto de su intervención en la sociedad. La justicia y la transparencia serán esenciales para abordar este desafío y restaurar la confianza pública.
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