Toluca, Méx. Durante 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) sancionó a 66 exfuncionarios municipales mexiquenses, de estos, 31% fue por desvío de recursos, 60% por abuso de autoridad, 6% por peculado y 3% por cohecho.
Así lo da a conocer el Órgano de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y añade que los infractores fueron alcaldes, regidores, síndicos, contralores y tesoreros de diversos Ayuntamientos mexiquenses, los cuales fueron sancionados con multas para el pago de indemnizaciones e inhabilitación del cargo.
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Entre los municipios donde ocurrieron las faltas está :
- Tonanitla.
- Acolman.
- San Simón de Guerrero.
- Nopaltepec.
- Tepotzotlán.
- Hueypoxtla.
- Juchitepec.
- Teotihuacán.
- Tequixquiac.
- Papalotla.
- Chiconcuac.
- Soyaniquilpan.
- Mexicaltzingo.
- San Felipe del Progreso.
Otra instancia con funcionarios amonestados por faltas administrativas es el DIF Amecameca, donde su Tesorera, Claudia Martínez Rodríguez, fue acusada de peculado y abuso de funciones, por lo que fue inhabilitada por 10 años y multada con 96 mil 063 pesos.
En el IMCUFIDE de Jaltenco las autoridades comprobaron abuso de autoridades por parte del director general, Roberto Jesús Arceo Tafolla, por lo que lo inhabilitaron temporalmente por un periodo de 10 años y debe pagar 170 mil 830 pesos.
La Universidad Politécnica de Chimalhuacán también fue señalada por el abuso de funciones de su jefa de Recursos Financieros, Mercedes Rojo López, fue inhabilitada y multada con 5 mil 046 pesos.
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En el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, José Lucio Ramírez Ornelas, quien era director General, fue señalado por abuso de funciones, y fue inhabilitado 10 años y con una indemnización a cuestas de 109 mil 074 pesos.
Finalmente, en la Universidad Politécnica del Valle de México, Jorge Hernández Hernández, encargado de la Secretaría Administrativa, abusó de sus funciones y realizó peculado, por lo que fue inhabilitado 10 años y sancionado con 504 mil 654 pesos.
Las acciones cometidas por estos funcionarios son consideradas graves, ya que incurrieron en cohecho, peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones, según marca la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
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