Toluca, Méx. A través del Fondo de Reparación de Daños, el Estado de México destinó 15 millones de pesos para ayudar a las personas privadas de su libertad de escasos recursos y sin redes de apoyo a pagar la reparación del daño a sus víctimas, con un monto máximo de 300 mil pesos.
Podrán aplicar a este beneficio las personas que se encuentren en proceso de prelibertad, libertad anticipada, amnistía, libertad condicionada, procedimiento abreviado, remisión parcial de la pena o un sustitutivo de la pena.
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No podrán acceder al recurso los reclusos sentenciados por delitos relacionados con la trata de personas, violencia contra menores de edad, delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, feminicidio, violencia familiar, fraude, abuso de autoridad o de confianza.
Según las reglas de operación presentadas por la Consejería Jurídica, el apoyo será otorgado de forma gratuita a personas privadas de libertad de bajos recursos que tengan la obligación de pagar una reparación del daño a sus víctimas por uno o varios delitos.
La reparación de daños es una pena monetaria impuesta a la persona condenada por un delito en perjuicio de otra, cuyo objetivo es compensar o resarcir el daño ocasionado a la víctima, mediante el pago de una cantidad fijada por la autoridad judicial.
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El procedimiento para compensar el daño a través del Fondo, comienza con la presentación de una solicitud que se entrega a la Dirección Regional correspondiente a través del representante legal del solicitante, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos para acceder al Fondo.
Se dará prioridad a las personas que no cuenten con una red de apoyo familiar y que demuestren la carencia de recursos económicos. En este caso, el Instituto contará con el apoyo del área de trabajo social para verificar dicha situación.
Este Fondo sólo se aplicará para el pago de la reparación del daño a las víctimas de uno o varios delitos, excluyendo aquellos delitos mencionados en los Lineamientos, con un límite máximo de 300 mil pesos por persona.
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