Toluca, Méx.- Este miércoles se materializa en el Congreso Local la aprobación en el Pleno de reformas al Código de la Biodiversidad del Estado de México para regular el uso de plásticos de un solo uso mediante la aplicación de multas-
La medida incluye su prohibición en oficinas de gobierno y escuelas: además de campañas de concientización sobre el impacto ambiental que conlleva su consumo y manejo inadecuado.
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Esta medida no es nueva, en los últimos seis años dentro del Poder Legislativo se ha tratado de impulsar la imposición de una sanción a las unidades económicas que proporcionen gratuitamente popotes, contenedores o bolsas plásticas de un solo uso por ser artículos no reutilizables, reciclables, compostables ni susceptibles de valorización o aprovechamiento.
En 2019 los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y el Verde Ecologista de México pusieron sobre la mesa el inhibir la utilización de plásticos de un solo uso; sin embargo, por inconformidad del sector empresarial, las iniciativas fueron aprobadas medianamente.
Lo que aprobaron fue incorporar una fracción al artículo 2.202 del Código para la Biodiversidad. Establecieron que las cámaras empresariales debían promover acciones tendientes a la sustitución gradual de popotes y bolsas o contenedores plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares, por productos sustentables elaborados con materiales reutilizable, reciclables, compostables o que sean de pronta biodegradación.
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Con ello se descartó la imposición de alguna sanción en caso de incumplir; no obstante, algunos Ayuntamientos sí las aplican y consideran como una infracción al medio ambiente el otorgamiento de bolsas no biodegradables.
Ahora, la 62 Legislatura busca hacerlo efectivo a nivel estatal y sancionar con hasta 339 mil 420 pesos a quien otorgue de forma gratuita, productos plásticos de un solo uso en unidades económicas.
Ello excluye bolsas o contenedores que constituyan un empaque primario, que prevengan el desperdicio de bienes o que por cuestiones de higiene o salud se requieran, según la propuesta que emana del Poder Ejecutivo.
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