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Toluca, Méx. Desde 2020 a 2024, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio (ISSEMyM) aplica más de la mitad de su presupuesto para el pago de pensiones mientras que la nómina administrativa representa cerca de 11 por ciento.
El año pasado ejerció 25 mil 171 millones de pesos a ese fin, esto representó 57 por ciento del presupuesto total, lo que dejó menos de la mitad del recurso para aplicarlo al pago de trabajadores, servicios de salud y otros.
El Instituto respondió a una solicitud de información de El UNIVERSAL Estado de México que el año pasado les autorizaron un presupuesto de 43 mil 329 millones de pesos, ejerció 42 mil 496 millones y apenas 17 mil 325 millones de pesos se aplicaron para su funcionamiento.
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Esto es una tendencia que se ha repetido en los últimos años, en 2023 el pago de pensiones absorbió 60 por ciento del presupuesto; 2022 las pensiones acapararon 52 por ciento; en 2021, 56 por ciento y en 2020 fue 50.3 por ciento.
Previó esto, el pago de pensiones absorbió menos de la mitad del presupuesto. En 2019 fue 48.5 por ciento; en 2017 fue de 44.2 por ciento y en 2016 46.9 por ciento, lo que muestra el crecimiento progresivo de la carga financiera de las pensiones.
De acuerdo con información del Instituto, los derechohabientes pasaron de 1 millón 140 mil personas en 2017 a 823 mil en 2023, mientras que el número de pensionados y pensionistas aumentó de 59 mil a 82 mil en el mismo periodo.
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El pago de nómina de pensionados y pensionistas representa una carga financiera importante para el ISSEMyM derivado de diversos retos que enfrenta como la deuda millonaria por parte de instituciones y municipios mexiquenses que no entregaron las participaciones de sus trabajadores.
Pese a las dificultades financieras que enfrenta se le adeudan 6 mil 406 millones de pesos, de los cuales, 5 mil 848 millones (91 por ciento) están congelados y no puede reclamarlo, ya que su estatus es “Créditos Fiscales en Procedimiento Administrativo de Ejecución controvertidos” y no son objeto de acciones coactivas de cobro.
Es decir, ante un proceso de cobro forzoso los deudores interpusieron recursos legales, por ello, debido a que están sujetos a un procedimiento de carácter legal, su cobro dependerá de una Resolución o Sentencia de la autoridad competente.
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