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Toluca, Méx. A 20 días de su aprobación en el Pleno de la 62 Legislatura, el Poder Ejecutivo publicó en Gaceta de Gobierno la reforma al Código para la Biodiversidad del Estado de México.
Ella establece una sanción de 6.2 millones de pesos para quienes inhiban, modifiquen o alteren el ciclo hidrológico, mediante el uso de tecnologías de alteración artificial del tiempo para la precipitación pluvial o lluvias fuertes.
La entrada en vigor se hizo efectiva este 11 de marzo y dentro de los transitorios se establece que la Secretaría del Campo, en coordinación con las Secretarías del Agua y del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitirá la Norma Técnica Estatal correspondiente.

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Con estas acciones, el gobierno estatal busca propiciar un desarrollo rural integral y sostenible, y proteger a los productores agrícolas.
Dentro de la adecuación al artículo 2.270 del Código para la Biodiversidad, se establece que se hará acreedor a una sanción por el equivalente de mil 250 y 55 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (141 mil 425 pesos a 6 millones 222 mil 700 pesos), a quien sin contar con la autorización de las autoridades usen cañones antigranizo, avionetas antilluvia o cualquier otro dispositivo tecnológico.
Ello se refiere a que la alteración o modificación del granizo o lluvia genera impactos negativos a la biodiversidad, perturba o altera los ecosistemas y el equilibrio ecológico, ocasiona sequías y perjudica cultivos.
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Con la sanción establecida, el Estado de México se suma a otras entidades cuyas legislaciones prevén sanciones administrativas e incluso penales por violaciones en materia ambiental del orden local, en torno al uso de cañones antigranizo, tales como: Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Oaxaca.
Evitar el uso de cañones antigranizo es una acción preventiva que busca proteger los recursos naturales, garantizar la seguridad alimentaria y promover la cohesión social en nuestro estado para evitar conflictos sociales y preservar los ciclos naturales de lluvia, fundamentales para la agricultura”, sustenta el documento público.
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