Toluca, Méx. Solo 20 por ciento de los 125 ayuntamientos mexiquenses cumplen con la Ley de Justicia Cívica, destinando recursos humanos, infraestructura y procedimientos normativos para garantizar la presunción de inocencia, priorizar la mediación y actuar en estricto apego a los derechos humanos.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón, informó que 25 municipios ya se encuentran en condiciones de operar la ley. Tecámac es quien tienen mejores condiciones de cumplimiento, pero también Chapultepec, San Mateo Atenco, Teoloyucan, Toluca, Xonacatlán, Acolman, San Antonio la Isla, Tultitlán, Tejupilco, Lerma, Atizapán de Zaragoza, Otumba, Aculco, Chiautla, Acambay, Papalotla, Texcoco, Tlalnepantla, Huixquilucan, Xalatlaco, Almoloya del Río, Ecatzingo, Temoaya y Villa del Carbón.
Como parte de un diagnóstico sobre las condiciones de los municipios para acatar el mandato, explicó que, sin previo aviso, la CODHEM realizó visitas a galeras municipales y otras instalaciones para constatar su ambiente y sus procedimientos, pudiendo detectar el cumplimiento de algunos, pero también irregularidades en otros, violando derechos humanos e incluso implicando la comisión de algún delito o falta administrativa.
“Actualmente lo que prevé la ley es que se privilegien los medios alternos, es decir, la mediación, que haya incluso un trabajo comunitario y que la última cosa a la que decidan como determinación de imposición de una sanción los jueces calificadores sean los arrestos en el máximo de las 36 horas que se prevé”, comentó García Morón.
A lo largo de estas visitas, junto con la aplicación de cuestionarios a personal de los ayuntamientos, se vigiló a usuarios de galeras y policías para que contaran con los recursos humanos establecidos entre jueces, secretarios, psicólogos, médicos, facilitadores y policías de custodia. De esta forma, en caso de establecer el arresto, garantizarles condiciones decorosas, dignas, limpias y ordenadas, previendo el tema de los alimentos y la incomunicación.
Con estas acciones, la CODHEM busca ponerle fin a la discrecionalidad en la que se infraccionan conductas de manera arbitraria e injustificada.
“La ley busca salvar la convivencia comunitaria a través del respeto y el orden, entonces, creo que todas las autoridades tendrían que estar interesadas en ello. Vamos a emitir el diagnóstico, ya tenemos incluso algunas recomendaciones para los municipios, que las estaremos dando a conocer en breve”, agregó.
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