Toluca, Méx. Con 37 curules de los 75 disponibles ocupados por legisladoras, los otros 37 por hombres y uno más por una diputade, la LXII es una de las tres legislaturas consecutivas en el Estado de México con una composición paritaria.
La frase “es tiempo de mujeres” dejó de ser una aspiración lejana para convertirse en un principio democrático al que antecede una lucha transgeneracional, cuyos avances en términos de representación política pueden notarse en el trayecto mismo de la historia parlamentaria.
Sin embargo, el camino todavía tiene obstáculos visibles, algunos de estos engañosos, porque, si bien pueden celebrarse avances, en los hechos persisten impedimentos efectivos para alcanzar una igualdad sustantiva.
Hace 70 años (1954), Clara del Moral alcanzaría una dimensión histórica como la primera diputada local.
Aunque el progreso de la representación de las mujeres fue sustancial a partir de la elección de esta mexiquense que desafió los cánones de su tiempo, montada en la ola feminista que exigió el derecho a votar y ser votadas, también es cierto que la voluntad política de sus congéneres se enfrentó a resistencias, discriminación y bastantes formas de violencia, debido a los estereotipos arraigados de una sociedad machista con estructuras de poder rígidas y patriarcales.
Tomando en cuenta el antecedente del enaltecimiento masculino en las funciones públicas y el consistente intento de sometimiento de las mujeres a las actividades privadas y familiares de la cultura mexicana, es pertinente aclarar que el avance no se trató de una concesión, sino de una conquista de espacios a contracorriente.
Pasar de la nula representación al 7.6 por ciento en 1954 (una mujer por 13 curules) y a casi el 50 por ciento en 2024 (37 mujeres por 75 espacios) es resultado de una travesía en la que se afianzaron derechos electorales en ciernes, se rebatieron insultos disfrazados de argumentos en falsos debates sobre su “naturaleza” y “carácter”, se movilizaron millones con himnos, gritos y pancartas, se establecieron acciones afirmativas indispensables para la justicia distributiva en virtud de la proporción poblacional y, lo más importante de todo, se reconfiguró la idea misma de política, porque sin ellas, sin nosotras, no puede hablarse de democracia.
Sin embargo, aunque es innegable el progreso cuantitativo, el aspecto cualitativo del poder tiene sus claroscuros y, en su lado menos luminoso, es posible distinguir sesgos de género que no son equivalente al peso numérico de su representación.
El caso más evidente es la composición de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano de concertación y toma de decisiones políticas y administrativas del Poder Legislativo mexiquense.
En este selecto club de coordinadores parlamentarios se propone la integración de comisiones y comités, se establecen las bases del presupuesto anual de la institución, se ponen sobre la mesa los nombramientos de las titularidades de las dependencias legislativas (Órgano Superior de Fiscalización, Asuntos Parlamentarios, Contraloría, Administración y Finanzas, Comunicación Social e Institutos de Estudios Legislativos), se solicita la presencia de funcionarios, entre otras atribuciones que le concede la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México.
El detalle es que, aun cuando hay paridad entre diputados y diputadas, ninguna de ellas coordina a su bancada y, en consecuencia, no forman parte de la Jucopo.
No siempre ha sido así. Incluso este órgano fue presidido por un par de mujeres en la historia del Estado de México: Martha Hilda González Calderón (PRI), en 2004, y, la más reciente, Selma Noemí Montenegro Andrade (PAN), hace 18 años, ambas en suplencia de hombres que pidieron licencia para aspirar a otro cargo público.
Desde la instalación de la primera Legislatura Constitucional mexiquense, el 27 de marzo de 1862, hasta la LXII Legislatura instalada el 5 de septiembre de 2018, el Congreso ha tenido mil 805 diputaciones propietarias, de las cuales 237 han sido mujeres, es decir, el 13 por ciento del total. Esta es la historia de ellas y del cierre progresivo de las brechas de oportunidad y ejercicio pleno de sus derechos políticos.
Clara del Moral de Lara fue la primera mujer en ocupar una curul en la Cámara local. En la XXXIX Legislatura, instalada el 5 de septiembre de 1954, representó al II Distrito con cabecera en Lerma, presidió la Mesa Directiva y contestó el informe de gobierno del mandatario estatal Salvador Sánchez Colín.
El antecedente legal de su elección a nivel estatal fue el reconocimiento del derecho a votar y ser votadas en elecciones municipales, cuyo decreto fue publicado el 24 de julio de 1951.
El cambio en la legislación local obedeció a las reformas al artículo 115 constitucional nacional, primero en 1947 para ejercer su ciudadanía a nivel municipal, y, después, en 1953, para hacer lo propio a nivel federal.
A excepción de la XLI Legislatura, a partir de la XXXIX la presencia de mujeres se mantuvo con la representación de al menos una diputada.
Que los avances en la entidad se hayan dado de manera reactiva a la legislación federal confirma lo que las investigadoras Hilda Lagunas Ruiz y Andrea María del Rocío Merlos Nájera señalan en el libro “Las mujeres en el Poder Legislativo del Estado de México (1954-2012)”:
“El derecho a votar se logró primero que el derecho a ser votadas. Tuvo que transcurrir siglo y medio de vida independiente para lograr ambas cosas. Pero una cosa es la incorporación de esos derechos en la legislación y otra el respeto al ejercicio de ellos para que las mujeres sean representantes populares. Si a nivel nacional ha sido difícil disputar los espacios de la representación política, a nivel local el camino ha sido cuesta arriba”.
Este trabajo de investigación editado en 2015 por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) consigna, por ejemplo, que en los primeros 21 años de posibilidad de representación femenina en el Legislativo local (1954-1975) solamente seis mujeres fungieron como diputadas propietarias frente a 89 varones, es decir, un porcentaje asimétrico de representación del 6.3 por ciento.
Las diputadas en este periodo fueron Luz María Larralde Belmont, Micaela Becerril Cuevas, María Luisa Ballina Escartín, Ma. Dolores Rodríguez del Pozzo y Yolanda Sentíes de Ballesteros, quien dejaría su cargo para competir y convertirse en la primera presidenta municipal de Toluca en 1975.
En la XLVI Legislatura (1975-1978), fueron electas dos mujeres de un total de 24 espacios disponibles, entre ellas la primera legisladora de un partido distinto al gobernante, María Soledad Ávila González (PAN).
Sin embargo, la proporción se redujo en la XLVII Legislatura (1978-1981) porque, si bien el número de curules aumentó a 34 debido a la novedad de la combinación de las diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, solo una fue ocupada por una legisladora.
De la XLVIII Legislatura (1981-1984) hasta la LI (1990-1993) la representación femenina fue más consistente con porcentajes de representación del 11 por ciento al 20 por ciento; sin embargo, en las LII (1993-1996) y LIII (1996-2000) hubo una reducción para registrar el 9 y 5.3 por ciento, respectivamente.
Es a partir de la LIV Legislatura (2000-2003) que inicia una tendencia progresiva de diputadas que fue del 12 al 20 por ciento del total. A la par del avance cualitativo respecto a los periodos anteriores.
En esa época también se presentó un antecedente importante: por primera vez, una mujer, la diputada Martha Hilda González Calderón (PRI), ocupó la presidencia de la Junta de Coordinación Política en el 2004, en sustitución de Enrique Peña Nieto, quien pidió licencia para competir por la gubernatura del Estado de México durante la LV Legislatura.
Al final de la Legislatura siguiente, es decir la LVI (2006-2009), la diputada Selma Noemí Montenegro Andrade (PAN) también presidió la Jucopo. El presidente anterior, Juan Carlos Núñez Armas, dejó el cargo para convertirse en candidato a la presidencia municipal de Toluca.
Desde entonces, hace 18 años, la Jucopo ha sido presidida por 11 varones de manera consecutiva.
La misma Legislatura en la que Selma Noemí Montenegro encabezó este órgano de concertación política fue la que más mujeres diputadas había tenido hasta ese momento, con 15 de 75. Sin embargo, en la LVII (2009-2012) se redujo el número a 11.
Aunque en este periodo se registró un hecho inédito que reflejaba otra de las grandes deudas que tiene la democracia mexicana: la representación de mujeres indígenas.
Florentina Salamanca fue la primera indígena en ser diputada, pero no le fue nada sencillo. Originalmente, el IEEM le asignó un lugar como parte de las diputaciones de representación proporcional, pero su constancia le fue revocada a causa de un recurso promovido por el también panista Daniel Oswaldo Álvarez Martínez.
Debido a la presión social que ameritó la intervención de la entonces dirigencia nacional del PAN, Álvarez Martínez pidió licencia para dar acceso a la mazahua.
Aunque finalmente esta trama terminó favoreciendo a Florentina Salamanca, el episodio evidenció la entonces falta de acciones afirmativas debido a la subrepresentación de grupos históricamente discriminados, cuyo acceso a cargos de representación y poder seguía enfrentando múltiples resistencias.
En cuanto a las mujeres, en la LVIII Legislatura (2012-2015), 11 escaños fueron para diputadas propietarias, aunque un total de 13 llegaron a estar en funciones por suplencias.
Los cambios político-electorales que elevaron a rango constitucional la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas al Congreso de la Unión y Legislaturas estatales establecieron la obligación para que los partidos políticos integraran sus listas con 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres.
“Estas cuotas son una forma de acción afirmativa o medida de igualdad de oportunidades diseñada para abordar el lento ritmo de cambio en la participación de las mujeres y los grupos minoritarios en las áreas de la sociedad donde están históricamente subrepresentadas, incluido el empleo, la educación y las instituciones políticas. Las cuotas generalmente implican establecer un cierto número o porcentaje de lugares que ocuparán los grupos subrepresentados. Con estas, se pretende revertir la desventaja histórica de un grupo vulnerable ante el resto de la sociedad y lograr mayor representatividad y visibilidad del mismo en la esfera pública”, explica la exconsejera electoral en su artículo “Importancia de la permanencia de las cuotas de género en el Estado de México: una perspectiva internacional” publicado en la revista Ius Comitiãlis, de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 2019.
En la elección de la LIX Legislatura (2015-2018), el número de diputadas se multiplicó casi por tres, al pasar de 10 a 28 legisladoras propietarias, es decir el 37 por ciento.
Con el 49.3 por ciento de representación de mujeres, la LX Legislatura del Estado de México (2018-2021) fue la primera auténticamente paritaria en la historia de la entidad (el número no alcanza el 50 por ciento, debido a que su integración total, es decir 75 escaños, es número impar).
De las 40 presidencias de las comisiones y comités, 20 fueron ocupadas por legisladoras. Por esta condición sin precedente, la LX Legislatura fue declarada “Legislatura de la Paridad de Género”.
Al igual que la LXI, la LXI Legislatura (2021-2024) estuvo conformada por 38 diputados y 37 diputadas.
Aunque originalmente habían sido 38 mujeres por 37 hombres, de acuerdo a la asignación de la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la sala superior de este órgano jurisdiccional determinó que uno de los espacios fuera ocupado por Guillermo Zamacona Urquiza en lugar de María Rosa Hernández Arango, ambos del PRI.
La mayoría de las y los magistrados consideraron que el hecho de que el Congreso local se integre con 37 mujeres y 38 hombres no implica el desconocimiento del principio de paridad en todo, en razón de que se compone con un número impar de diputaciones, por lo que, necesariamente uno de los géneros obtendrá una diputación menos.
La Legislatura que se instaló el pasado 4 de septiembre está compuesta por 37 diputadas, 37 diputados y 1 diputade, quien es la primera persona no binaria que ocupa el cargo en una diputación local en el Congreso local.
Con una presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y una gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, ambas en funciones, México y el Estado de México experimentan una revolución cultural en materia de género y poder.
En cuanto al Gobierno del Estado de México son nueve las mujeres que integran el Gabinete: Trinidad Franco Arpero, al frente de la Oficialía Mayor; Paulina Moreno García, en la Secretaría de Finanzas; Macarena Montoya Olvera, en la Secretaría de Salud; María Eugenia Rojano Valdés, en la Secretaría del Campo; Laura González Hernández, en la Secretaría de Desarrollo Económico; Nelly Carrasco Godínez, como secretaria de Cultura y Turismo; Hilda Salazar Gil, como secretaria de la Contraloría; Alhely Rubio Arronis, quien se desempeña como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Mónica Chávez Durán, quien encabeza la Secretaría de las Mujeres.
Actualmente, el Gabinete de la mandataria mexiquense Delfina Gómez Álvarez se conforma por 18 dependencias, de las cuales 16 son secretarías, una Consejería Jurídica y una Oficialía Mayor; el 50 por ciento son encabezadas por mujeres.
Respecto a los órganos autónomos, solo tres son presididos por mujeres: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) con Myrna Araceli García Morón al frente; el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con Amalia Pulido Gómez, y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) con Martha Patricia Tovar Pescador.
El avance más importante se ha reflejado al interior del órgano electoral local, pues actualmente los siete espacios del Consejo General del IEEM son ocupados por mujeres: Amalia Pulido, Karina Ivonne Vaquera Montoya, Patricia Lozano Sanabria, Paula Melgarejo Salgado y las recién integradas July Érika Armenta Paulino, Sayonara Flores Palacios y Flor Angelí Vieyra.
Los otros órganos autónomos que históricamente han sido dirigidos por hombres son la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), mientras que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México (Infoem) y el Tribunal de Justicia Administrativa mexiquense (TJAEM), en años anteriores ya han sido encabezados por mujeres.
En el ámbito municipal, se prevé que, a partir de enero de 2025, ocupen cargos dentro de los Ayuntamientos alrededor de 638 mujeres.
Del total, 54 serán presidentas municipales, de las cuales ocho gobernarán a un municipio que cuyo ayuntamiento nunca había sido encabezado por una mujer: Almoloya de Alquisiras, Coyotepec, Ecatepec, Ixtapan de la Sal, Jocotitlán, Malinalco, Tenango del Aire y Santiago Tianguistenco.
Además, estarán llegando 81 síndicas y 503 regidoras, si es que en tribunales electorales no se revierten algunas posiciones.
De acuerdo con el diagnóstico del Instituto Nacional Electoral (INE) denominado “Paridad en Todo”, el Estado de México es la séptima entidad con mayor número de personas electas en presidencias municipales y alcaldías 2024, por debajo de Baja California Sur, Baja California, Quintana Roo, Tamaulipas, Ciudad de México e Hidalgo, pero por encima de Colima, Jalisco, Campeche y Coahuila.
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