Toluca, Méx. — Con el fin de identificar las características psicológicas, aptitudes, habilidades, competencias y nivel de honestidad de quienes aspiren a ocupar un puesto en el , la Oficialía Mayor impulsa una evaluación psicométrica.

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Esto se aplicará a las plazas del nivel 1 al 23, correspondiendo a personal general y de confianza.

La evaluación, refiere el documento público en Gaceta de Gobierno, contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la acción administrativa para fortalecer las dependencias y organismos auxiliares e impulsarlos a que transiten hacia esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad.

La sociedad mexiquense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad. La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las mejores prácticas administrativas, emanadas de la permanente revisión y actualización de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del diseño e instrumentación de proyectos de innovación y del establecimiento de sistemas de gestión de la calidad


se precisa.

Se establece que la Subdirección de Reclutamiento y Selección de Personal será la única instancia que realice la evaluación psicométrica de las personas que pretendan laborar a puestos en el sector central del y enfatiza que no podrá solicitar, como requisito para la evaluación, certificados médicos de no embarazo ni de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a los aspirantes.

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También se precisa que esta Subdirección será la única unidad administrativa encargada de elaborar los perfiles, mismos que deberán estar libres de sesgos sexistas y sus criterios no deberán ser discriminatorios en ningún sentido.

La información obtenida de las evaluaciones psicométricas y entrevistas por competencias deberán ser resguardadas para garantizar la confidencialidad y protección de datos personales de las personas aspirantes.

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar


se puntualiza.

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