Toluca, Méx. En el , La Comisión de Procuración y Administración de Justicia inició el análisis de la iniciativa del Ejecutivo que busca eliminar del Código Penal del Estado de México la prisión vitalicia y ajustar la proporcionalidad en homicidio calificado, extorsión y robo agravado, disminuyendo de una pena máxima de 70 años de prisión a 55 años.

Este planteamiento impulsado por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez generó la inconformidad de diputados y diputadas locales del Partido del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y de la propia fracción de Morena, quienes solicitaron analizar a profundidad la propuesta, solicitando la asistencia en una reunión posterior del consejero jurídico, Jesús George Zamora.

“No estoy de acuerdo con disminuir penas en temas como el homicidio calificado, sería dar un tipo de concesión a quienes son delincuentes, necesitamos entrar de fondo al tema o sino estaremos mandando un mensaje erróneo”, advirtió la diputada Ana Yurixi Leyva.

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Los representantes del Ejecutivo, Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, y Alberto Cervantes Juárez, director del Instituto de la Defensoría Pública, explicaron que la propuesta de reforma se deriva de diversos casos judiciales en los que se habla de al dictar prisión vitalicia y justificaron que las penas impuestas en delitos como el homicidio calificado, extorsión y robo agravado son desproporcionales, de ahí que se plantee una pena máxima de 55 años de prisión y no de 70 años como actualmente se contempla.

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