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Toluca, Méx. Son 15 aspirantes los que se postularon para ser acreedores al Premio y del Distintivo Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su primera edición.
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El premio y el distintivo tienen como finalidad estimular mediante un reconocimiento público, a las personas de la sociedad, de los entes públicos y de los sectores privado o social que se hayan destacado por la elaboración de trabajos que impliquen aportaciones significativas para combatir la corrupción.
Se informó que, para este proceso, el Consejo Evaluador de estos reconocimientos, recibió en total 15 postulaciones, destacando temas relacionados a la transparencia en contrataciones públicas y rendición de cuentas; el uso del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción en el sector público (MOGERIC); así como, cuestiones de acceso a la información pública, y Códigos de Ética y Conducta.
El Consejo tuvo la función de realizar la evaluación de las postulaciones, que se presentaron al Jurado con la propuesta de ganadores, calificó el cumplimiento de los requisitos solicitados en un rango de cero al 100 por ciento, programando la entrega del premio y el distintivo para próximos días.
Para el otorgamiento del Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios, los postulantes tuvieron que participar con un proyecto enfocado al combate a la corrupción en el sector público mexiquense, o en su caso, de mejoramiento al sector público en el Estado de México.
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Por lo que respecta al “Distintivo Anticorrupción del Estado de México y Municipios”, pudieron participar empresas privadas, medios de comunicación, instituciones académicas o centros de investigación, asociaciones u organizaciones civiles, o algún ente público.
De ser entes públicos, debieron comprobar acciones anticorrupción de manera regular y registrar los avances y/o resultados; y ejecutar sus acciones anticorrupción de acuerdo con las leyes aplicables en la materia y realizar el registro de la participación, mientras que del sector privado o social debieron presentar una propuesta para transparentar sus procesos y avanzar en la erradicación de prácticas de corrupción.
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