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Toluca, Méx. La diputada local Joanna Felipe Torres, del PAN, presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México, a fin de fortalecer los Refugios para mujeres, sus hijos e hijas, así como garantizar la adecuación, suficiencia y calidad de estos.
La legisladora recordó que a nivel nacional la entidad mexiquense presenta los más altos niveles de violencia contra las mujeres en casi todas las categorías, donde 78.7 por ciento de las mujeres de 15 años o más han sido víctimas de violencia, en tanto que el promedio nacional es de 70.1 por ciento.
Precisó, que en el Estado de México, este sector de la población sufre violencia psicológica en un 57 por ciento; sexual en un 60.7 por ciento; física en un 41.5 por ciento; además de la económica, patrimonial y/o discriminación en un 27.1 por ciento.
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Por esta razón, la diputada local recordó que los Refugios para mujeres víctimas de violencia son un mecanismo que permite salvaguardar la vida y los derechos de las mujeres violentadas y de sus hijas e hijos, sin embargo, los esfuerzos han sido insuficientes.
Informó que en el Edomex a marzo de 2025 existen sólo nueve Refugios y dos Casas de Transición, para toda la entidad, que cubren el 8.8 por ciento del territorio estatal, compuesto por 125 municipios, lo que representa una grave insuficiencia de espacios para la protección de mujeres en riesgo.
Con esta iniciativa, aseguró, se busca garantizar la existencia, operación y fortalecimiento de los Refugios para las mujeres violentadas y para sus hijas e hijos mediante la coordinación fiscal estatal y municipal; que los Estados y los municipios establezcan programas de subsidios gubernamentales específicos para refugios de mujeres y un financiamiento continuo y adecuado para sus operaciones, así como la creación de impuestos específicos que generen ingresos destinados exclusivamente a financiar los refugios, fondos de emergencias, incentivos fiscales, entre otros.
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Agregó que es indispensable que las autoridades estatales y municipales destinen mayores recursos financieros y establezcan mecanismos de supervisión y evaluación para asegurar que los refugios cumplan con su función de manera eficiente.
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