Las mujeres indígenas enfrentan una discriminación por ser mujeres e indígenas, siendo blanco de sistemas políticos y sociales que históricamente las han marginado, pues sus voces, experiencias y necesidades suelen quedar silenciadas en los espacios de toma de decisiones. De tal manera que su camino hacia la plena participación política está lleno de obstáculos como los estereotipos de género, el racismo y la discriminación que persisten tanto en sus comunidades como en las propias instituciones políticas; aunado a ello, se encuentra la falta de acceso a la educación, de recursos y de representación política, dificultando su organización y empoderamiento.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, en México 23.2 millones de personas de 3 o más años se autoidentificaron como indígenas, de los cuales el 51.40% son mujeres. La tasa de analfabetismo de las mujeres indígenas es de 26.2, mientras que la de mujeres no indígenas es de 4.1; asimismo, los años de escolaridad en las mujeres indígenas es de 5.8 y en las mujeres no indígenas de 9.9. Este rezago educativo tiene implicaciones en el ámbito laboral, económico y, por consiguiente, en su participación política.

La propia discriminación y falta de representación política han generado movimientos indígenas y feministas a nivel global y en nuestro país, que han logrado avances en la visibilización de sus luchas y en la construcción de alianzas estratégicas, así como las cuotas de género y los mecanismos de acción afirmativa que son herramientas fundamentales para incrementar la representación en los espacios de poder.

En México, en el proceso electoral 2023-2024, los Partidos Políticos o Coaliciones debían postular como acción afirmativa fórmulas integradas por personas que se autodescribían como indígenas en los 25 Distritos Electorales Federales que contaran con más del 60% de población indígena, dicha acción se realizó de manera paritaria; es decir, no más de 13 personas debían pertenecer al mismo género.

A partir de la aplicación de la acción afirmativa, la Cámara de Diputados Federal cuenta con 43 diputaciones indígenas, lo cual representa el 8.6% de los curules. La representatividad de la comunidad indígena y, por supuesto, de las mujeres indígenas es de suma importancia, pues representan el 9.9% del total de la población y diariamente se enfrentan a una triple discriminación por ser mujeres, ser indígenas y tener una condición económica precaria, por lo que es urgente colocar en la agenda temas como sus derechos territoriales, el reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación, la erradicación de todas las formas de violencia contra ellas y la implementación de políticas educativas que reconozcan y valoren sus lenguas y culturas.

A pesar de los avances en materia electoral, aún estamos frente a prácticas democráticas elitistas, patriarcales y racistas que limitan o hasta bloquean el ejercicio del poder al que tienen derecho las mujeres indígenas para ejercer de manera plena su ciudadanía, entendiendo esta como el derecho a elegir y ser elegidas para gobernar y ser gobernadas en igualdad de oportunidades, respeto y sin violencia política.

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