México se encuentra en un proceso electoral para renovar diferentes cargos del Poder Judicial, entre los cuales se encuentran los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, las magistraturas de Distrito y personas juzgadoras de Distrito; dando un total de 881 cargos que elegirá la ciudadanía el próximo 1 de junio.
Este proceso, impulsado por una reforma judicial, ha generado un intenso debate sobre sus posibles beneficios y riesgos, siendo el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de la organización de estas elecciones, con un padrón electoral de 99,944,657 personas, de donde la lista nominal cubre el 99.75%. cabe mencionar que el 52% de la lista nominal se encuentra compuesto por mujeres. En cuanto al número de candidaturas, se tiene 3,202, de las cuales el 41.75% son mujeres, dato que visibiliza la no paridad de género en el registro de candidaturas.
Para la difusión de información y perfiles de las candidaturas a los cargos del Poder Judicial, el INE puso a partir del 30 de marzo a disposición de la ciudanía el Sistema CONÓCELES, en donde las personas candidatas debieron publicar su fotografía, medios de contacto públicos e historia profesional laboral, académica, visión y propuestas. Sin embargo, al corte del 4 de abril, el INE reportó que para las Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, el 100% de las personas candidatas realizaron su registro completo en el sistema.
Para llevar a cabo estas campañas, el Consejo General del INE aprobó un tope de 220 mil 323.20 pesos como gastos personales de campaña de las personas candidatas a juzgadoras. Destacando que el artículo 96 de la Constitución Política señala que las candidaturas no pueden tener financiamiento público ni privado, por lo que tendrían que valerse de sus propios recursos para cubrir los gastos de su promoción. De tal manera que las y los candidatos han optado por hacer uso de las redes sociales, omitiendo algún tipo de publicidad.
El uso de las redes sociales en esta elección se ha vuelto importante para las candidaturas, considerando que el 26.25% de la lista nominal está compuesta por jóvenes de 18 a 29 años de edad, siendo este sector el principal usuario de redes sociales, o que considera este medio como el principal para informarse. Sin embargo, que las y los jóvenes sean quienes más utilicen las redes sociales para informarse no garantiza su interés por consultar las campañas de las y los candidatos a ocupar los cargos de elección en el Poder Judicial.
Se ha visto en diferentes campañas electorales tanto a nivel nacional como local que el uso de las redes sociales no determina la decisión de las y los votantes, sino que ya existe una decisión previa a la elección por una candidatura. Me parece que el caso de esta elección no será la excepción, aunado a ello, se espera que la participación ciudadana sea mucho menor que en otras elecciones, lo cual afecta a la democracia en nuestro país y haciendo visible que este proceso es costoso y que no se brinda mayor legitimidad.
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