De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo se realizan alrededor de 25 millones de abortos en condiciones inseguras, provocando la muerte de aproximadamente 47 mil mujeres. Estas cifras son alarmantes y se agravan en la medida que el aborto sigue siendo penalizado, obligando a las mujeres, especialmente a aquellas de escasos recursos, a recurrir a procedimientos clandestinos poniendo en riesgo su vida.

En México, la despenalización del aborto ha sido uno de los temas más polarizantes y debatidos en las últimas décadas, enfrascándose en puntos de vista religiosos e intereses políticos, dejando de lado lo más importante, que son los derechos de las mujeres y su salud, pues tener un aborto seguro es parte crucial de la atención a la salud. Por eso es necesario eliminar todos los obstáculos normativos innecesarios que impiden a las mujeres tener una atención digna en el ejercicio de decidir sobre su cuerpo.

Parte de estos obstáculos normativos son la penalización del aborto; es decir, abortar se considera un delito y las mujeres son encarceladas; los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas como familiares, pareja o hasta instituciones den su aprobación y los límites sobre el momento del embarazo en que se puede realizar el procedimiento. Todo lo anterior lo único que provoca es poner en mayor riesgo a mujeres y adolescentes de un aborto no seguro.

Restringir el aborto no da como resultados la disminución del mismo. Lo que las mujeres necesitamos y exigimos es que haya una buena educación sexual, información y servicios de planificación familiar precisos, así como acceso a una atención digna y de calidad para el aborto. A partir de 2007 en la Ciudad de México fue despenalizado el aborto, 17 años después en la Cámara Legislativa del Estado de México se sigue discutiendo la iniciativa para la Interrupción Legal del Embarazo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia dictaminó que el Congreso debe eliminar el aborto del Código Penal Federal.

La Legislatura del Estado de México no puede seguir aplazando la despenalización del aborto, no puede seguir ignorando que esta acción es un paso clave para la protección de los derechos de las mujeres y la salud pública. No podemos olvidar casos como el de la niña indígena de 14 años en Querétaro que fue criminalizada por abortar, cuando había sido víctima de abuso sexual, tuvo un aborto espontáneo, y fue denunciada por las autoridades de salud, todo ello consecuencia de la aplicación de leyes en donde se ha materializado la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres sin importar sus causas y condiciones, representando una violación total a sus derechos humanos. ¡Es increíble que se les castigue más a las mujeres por abortar que a aquellos que han cometido un abuso contra ellas!

Hoy, en el Estado de México se presume tener por primera vez una gobernadora y una Cámara Legislativa conformada en su mayoría por mujeres, entonces lo que esperamos son acciones, como la despenalización del aborto, que reflejen el poder de representación de las mujeres y la real atención a las necesidades propias del género. Limitar el acceso al aborto es privar a las mujeres en su capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo y su futuro; hemos visto cómo las barreras legales han atentado contra la vida de miles de mujeres, pero también contra su libertad y su dignidad.

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