Muchas de las instituciones que nos rigen han sido, históricamente, diseñadas por y para hombres. No han considerado las necesidades diferenciadas entre uno y otro sexo.
El mercado laboral ofrece un buen ejemplo de los efectos de esa omisión. El ingreso de las mujeres a los empleos formales derivó para nosotras en una “doble jornada”. Es decir, adicional a las horas en el trabajo nosotras invertimos 40 horas en labores de cuidado, contra sólo 16 de los hombres. Los tiempos de disfrute son asimétricos.
Pero si los problemas en el trabajo han sido ya bien estudiados por diversas corrientes del feminismo, hay una zona menos explorada: las mujeres en la política. ¿Qué pasa con las mujeres electas que, después de ser elegidas mediante voto popular, toman su licencia de maternidad? Estas cuestiones –incluyendo, por ejemplo, las salas de lactancia– sólo han logrado posicionarse a partir de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisión y la disyuntiva que han enfrentado entre sus derechos como trabajadoras, madres, ciudadanas y políticas.
Hace poco una política mexiquense explicó cómo, al hacer campaña embarazada, se le cuestionaba si sería capaz de legislar una vez que naciera el bebé. Otra mujer política de la esfera nacional evidenció que las principales oficinas en la Cámara baja ni siquiera cuentan con baños para mujeres. Uno y otro caso denotan cómo la actividad política en Latinoamérica se pensó como un espacio exclusivo para los hombres.
Es en este contexto que la Ley 2436 aprobada este mes en Colombia resulta en una innovación útil para todo el continente. Ésta garantiza a las mujeres electas el derecho a una licencia de maternidad que les permita continuar ejerciendo sus funciones. Esta normativa representa un avance significativo hacia la equidad de género en la política, al reconocer que las mujeres pueden ser madres y políticas al mismo tiempo.
El caso colombiano es interesante porque las personas legisladoras se valieron de estudios novedosos para sustentar la iniciativa. Por ejemplo, en la exposición de motivos presentan un estudio del 2019 en el que muestran que la reforma legislativa en Colombia que modificó la licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, tuvo un efecto negativo en el acceso al mercado laboral de las mujeres.
La ley colombiana se convierte en referente para América Latina al reconocer que las licencias tradicionales no necesariamente responden a las demandas de las mujeres en política. Con esta nueva modalidad de licencia, congresistas, diputadas, concejalas y edilesas podrán optar por tomar una licencia de maternidad que les garantice derechos como votar de forma remota, participar en debates y presentar proyectos legislativos sin interrupción de sus funciones.
Pero no podemos ignorar que la implementación de esta ley implica retos significativos. A nivel cultural y social, es crucial combatir los prejuicios que puedan surgir en torno a la elección de las mujeres de adherirse a esta modalidad o a la licencia tradicional. Es decir, no olvidar que la decisión de cómo ejercer su cargo y maternidad corresponde únicamente de la mujer gestante. Asimismo, las corporaciones públicas deben garantizar las condiciones tecnológicas y logísticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin discriminación.
La promulgación de esta ley es una invitación a reflexionar sobre las estructuras que perpetúan la desigualdad. Como lo señala la Corte Constitucional de Colombia, es indispensable que las medidas legislativas ataquen las causas profundas de la exclusión, reconociendo que la reproducción y las responsabilidades familiares no deben ser factores que limiten la igualdad de oportunidades. Las organizaciones políticas deben fomentar una cultura de apoyo y respeto hacia las mujeres que decidan ejercer su maternidad y su mandato.
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