La reforma al Poder Judicial del Estado de México es necesaria. Ya tenemos un diagnóstico democrático de la necesidad, que nos obliga a que el sistema judicial esté conforme a lo que la mayoría del pueblo ha demandado.

El pueblo mexiquense demanda un sistema más transparente, representativo y funcional. Esta reforma moderniza la estructura judicial y responden a demandas ciudadanas de justicia y participación en los procesos democráticos. Los trabajos que he encabezado para este fin son para hacer realidad la elección popular de magistradas, magistrados, juezas y jueces y que finalmente hará realidad la democratización del sistema judicial.

Un país donde la desconfianza hacia las instituciones públicas fue tan profunda solo puede resolverse con un Poder Judicial que dote de nueva legitimidad a los jueces y a sus funciones. Este enfoque reconoce que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que, para garantizarlo plenamente, es esencial confiar en la ciudadanía y en que podrá llevar a cabo la selección de los actores clave de nuestro sistema de justicia.

Por otro lado, la disposición que establece que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México no podrán ser impugnadas mediante instrumentos jurídicos es un paso audaz hacia la estabilidad jurídica y política. Este precepto asegura que las reformas aprobadas democráticamente por los legisladores sean respetadas, evitando parálisis o retrocesos motivados por intereses particulares. Para resolver el dilema que plantearon los propios ministros activistas de la Suprema Corte de Justicia, reconociéndose como juez y parte en la reforma, es crucial reconocer que en el Estado de México podamos garantizar la coherencia y continuidad en la aplicación de normas fundamentales que nos rigen. La fuente de la soberanía es el pueblo y como tal, debe respetarse.

La designación de un Magistrado Presidente interino por parte del Congreso del Estado de México, tras la conclusión del mandato del Magistrado Ricardo Sodi Cuellar, el 31 de diciembre de 2024, hace necesaria una fuerte colaboración entre poderes. Este mecanismo transitorio busca garantizar la continuidad en el liderazgo del Tribunal Superior de Justicia mientras se implementan los nuevos procesos establecidos en la reforma. Al depositar esta responsabilidad en el Congreso, se promueve un balance de poderes y se asegura una transición ordenada en una etapa crucial de transformación.

Asimismo, la exclusión de los integrantes del Tribunal Electoral del Estado de México de este proceso electoral directo subraya la especialización y autonomía necesarias para esta instancia, cuyo papel es fundamental en la resolución de conflictos electorales. Esta distinción refleja un diseño institucional que protege la imparcialidad de los órganos electorales, mientras fomenta la participación ciudadana en otros niveles del Poder Judicial.

En conjunto, esta reforma refuerza la legitimidad del Poder Judicial del Estado de México, alineándolo con principios democráticos y respondiendo a las exigencias de una sociedad que clama por un sistema más justo, eficiente y cercano a las personas. Si bien su implementación costará esfuerzo de todos los involucrados, los beneficios a largo plazo van a transformar el acceso y la percepción de la justicia en el estado, consolidando un modelo que podría inspirar a otras entidades del país. Es momento de apostar por una justicia más abierta, transparente y participativa. El Estado de México solo podrá comenzar a entregar mejores resultados en la materia con un poder judicial que esté en sintonía con el sentido original de la reforma, sin regateos ni formalismos jurídicos que impidan que se haga realidad.

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