La reciente reforma judicial en el Estado de México ha traído gran impacto sobre aquellos que dedicaron años a la construcción de una carrera basada en la perseverancia, el mérito y el servicio público. El Poder Judicial mexiquense se integra de magistrados y jueces, tanto internos como externos, pero enfoquémonos en los primeros: quienes han recorrido la senda de la carrera judicial desde sus inicios.

Imaginemos a una persona que accedió a la posición de técnico judicial a los 23 años, quien, a través de exámenes de selección y concursos de oposición, avanzó en un camino que involucra un riguroso proceso de evaluación y selección. Primero, compitió entre numerosos candidatos y superó exámenes de selección; luego, progresivamente, debió obtener calificaciones mínimas de 8 y 9 en diversos puestos: notificador, secretario, juez y, finalmente, magistrado que llega al cargo a una edad promedio de 50 años. Una vez alcanzado este último escalafón, su nombramiento fue aprobado por la legislatura estatal, requiriendo la mayoría calificada de los diputados, quienes le confirieron la responsabilidad de revisar las sentencias y vigilar la legalidad de las decisiones de los jueces. Estos magistrados y jueces no son federales; son los funcionarios que sirven directamente al estado.

Ahora bien, ¿qué ocurrirá con estas personas, cuyo plan de vida se vio súbitamente alterado? La reforma judicial ha trastocado un proyecto de vida que se construyó sobre una serie de evaluaciones, exámenes y dedicación constante. Muchos de ellos representan no sólo a sí mismos, sino también a sus familias y a la gente, con quien tienen una relación de cercanía y servicio. Estos profesionales, que no dudamos que no haya corruptos, pero también ejemplares, han trabajado arduamente, incluso en horarios extendidos, para cumplir con su labor. Incluso con carencias.

Ejemplo de ello es una jueza residente en Toluca, quien diariamente se traslada a su lugar de trabajo en Amecameca, invirtiendo tres horas de ida y cuatro de regreso. Su situación es aún más compleja por su rol como madre, pues este esfuerzo lo realiza para poder regresar cada noche al hogar y estar con sus hijos. Los jueces penales, a su vez, no cuentan con horarios fijos, trabajan los 365 días del año y quienes emiten órdenes de aprehensión están disponibles las 24 horas para servir a la ciudadanía. Estos jueces no han sido enemigos del pueblo, al contrario, han servido bien.

¿Es posible que en algunos casos haya existido corrupción o abuso de poder? Tal vez, pero la mayoría lleva una vida de arduo trabajo y dedicación; son personas que no solo conozco, sino que también respeto.

Frente a esta situación, estos servidores públicos se encuentran en una encrucijada. Para muchos hay solo dos caminos: rendirse y renunciar, si tienen la opción de jubilarse, o someterse a las nuevas reglas y participar en procesos de elección, incluso si estas reglas no son de su agrado. La pregunta que se plantea es: ¿cuál es la responsabilidad de la ciudadanía en todo esto?

En última instancia, la ciudadanía tendrá en sus manos la posibilidad de decidir. Es nuestra responsabilidad histórica y nuestra oportunidad para demostrar que estamos informados y comprometidos. Solo así podremos construir un futuro en el que la justicia no dependa de la política, sino de la dedicación, preparación, estudio y la integridad de aquellos que la sirven.