En México todo se corrigen con un plumazo o un “congresazo”
La reforma judicial ha suscitado intensos debates sobre la democracia en México. Un argumento recurrente es que, si la presidenta Claudia Sheinbaum quisiera, podría imponer a los ministros enviando propuestas al Congreso de la Unión y listo. Pero en lugar de eso, optó por reformar la Constitución mexicana para “democratizar el proceso”.
La Comisión de Presupuesto del Instituto Electoral del Estado de México (INE) estima que la elección de jueces, magistrados y ministros costará 12 mil 936 millones de pesos. Esta suma podría mejorar la economía de 110 mil familias mexicanas, ofreciéndoles 4 mil 900 pesos mensuales durante dos años (Como programa social ¡Claro!). Aunque no es suficiente para vivir, sí podría ayudar a alimentarse mejor e incluso a emprender un negocio con capacitación adecuada, que ya otorgan las dependencias gubernamentales.
El Center for Strategic & International Studies advirtió hace unos meses sobre un retroceso democrático más insidioso: el engrandecimiento del Ejecutivo, que busca asegurar su posición y facilitar la implementación de una agenda política con mínima resistencia. Ryan C. Berg menciona 16 indicadores de cómo un ejecutivo puede suprimir poderes legislativos y judiciales (los 16 indicadores, ya se cumplieron el mes pasado), así como atacar fuentes de rendición de cuentas como la prensa y la sociedad civil. ¿Le suena familiar?
La pregunta es: ¿Cuántos ciudadanos realmente participarán en la elección de jueces y magistrados? Con más de 400 boletas, es dudoso que muchos tengan tiempo para votar. Los requisitos para los jueces son “estrictos” como sabe, promedio de 8.5 y 5 cartas de recomendación de sus vecinos (es un decir)… los de los magistrados son parecidos, pero al final, serán los legisladores, la presidenta Claudia Sheinbaum y el Poder Judicial quienes decidan quién puede inscribirse.
Berg también destaca el uso de decretos ejecutivos para restringir el control judicial. AMLO utilizó estos decretos en una amplia gama de temas y propuso reformas que otorgarían al Ejecutivo el control sobre salarios y ascensos de los jueces, lo cual ha sido condenado como una amenaza a la independencia judicial.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador propuso 20 cambios políticos, muchos de los cuales requerían modificaciones constitucionales, incluidos los que expandieron el control militar sobre 15 empresas estatales y con ello sus ganancias a la gestión militar, con los aeropuertos del país, los puertos marítimos, el revivir Mexicana de Aviación, los trenes de carga y pasajeros, lo que representa una expansión del presupuesto militar en más de 300 por ciento, porque ahora es la milicia quien se encarga de las obras de infraestructura. Aunque Morena en aquel entonces no tenía la mayoría necesaria para aprobar estas reformas, existía el temor de lo que sucedió, obtuvo una super mayoría y el legado de AMLO de engrandecimiento del Ejecutivo y el retroceso democrático continuó y, como lo advirtieron y reprobaron la Asociación de Abogados de México, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Stanford y el Programa de Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, sucedió.
Dada la historia de retroceso democrático en América Latina, México enfrenta un dilema crucial: ¿cómo salvaguardar sus instituciones y mantener controles y equilibrios? Si no se abordan estas cuestiones, México podría perder su estatus como una democracia sólida en el hemisferio. La percepción internacional, que ya califica al país como una dictadura, podría hacer que la inversión extranjera siga siendo escasa.
Al tiempo lo veremos y, sobre todo, lo sufriremos con la aprobación de la Supremacía Constitucional, que ya no permitirá, ni al Poder Judicial, cuestionar si se aplica correctamente o no, lo plasmado en la Constitución. Todo se ataja de un plumazo o un “congresazo”. Control total.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.
