La denuncia de Xiadani Barrios Camacho contra el alcalde de Teoloyucan, Luis Domingo Zenteno Santaella, expone una posible y preocupante práctica de violencia política de género en los gobiernos municipales. Impedirle el uso de la palabra en cabildo y retener el salario no solo vulnera sus derechos como regidora, sino que también atenta contra la representación democrática de los ciudadanos que la eligieron. Estas acciones reflejan una resistencia al ejercicio político de las mujeres en espacios de poder, lo que hace urgente que las instituciones actúen con firmeza para sancionar este tipo de conductas. Más allá de los colores partidistas, la violencia política en razón de género debe erradicarse con mecanismos efectivos de denuncia y castigo. No es la primera vez que se presentan casos similares en distintos municipios, lo que demuestra que la paridad en cargos públicos aún enfrenta obstáculos estructurales.
Arrancones sin control
Los arrancones en Periférico Norte evidencian no sólo la imprudencia de los participantes, sino también la falta de vigilancia y control en una de las vialidades más transitadas del valle de México. Que los organizadores hayan podido cerrar los accesos sin intervención inmediata de las autoridades es una señal alarmante de negligencia. Los alcaldes Raciel Pérez e Isaac Montoya deben asumir su responsabilidad y reforzar operativos de seguridad para evitar que estas competencias clandestinas pongan en riesgo a automovilistas y peatones. Más allá de operativos esporádicos, es necesario atacar la raíz del problema con espacios adecuados para quienes buscan transitar de manera segura, así como sanciones más severas para quienes desafían la ley y la seguridad pública. Ignorar esta problemática sólo aumentará el riesgo de accidentes fatales y la práctica se normalizará.
Inicia saneamiento
El incendio del depósito de material industrial en Xonacatlán no solo dejó estragos visibles en el medio ambiente, sino que también evidenció la falta de regulación y vigilancia sobre estos sitios. La secretaria del Medio Ambiente, Alhely Rubio Arronis, aseguró que inicia su saneamiento. Más allá de ello, este caso debe servir para replantear la supervisión de estos depósitos y la eficacia de las instituciones encargadas de regularlos. No es suficiente reaccionar cuando ocurre una crisis, se requiere una estrategia preventiva que evite que estos desastres se repitan. El gobierno estatal, federal y municipal deben garantizar que el saneamiento sea integral y no solo una medida paliativa para calmar las críticas, porque la omisión y la negligencia ya cobraron una factura ambiental que pudo haberse evitado.
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