La detección de aviadores en las administraciones de Raymundo Martínez y Juan Maccise podría ser solo la punta del iceberg de un problema más profundo. La auditoría de 2023 reveló irregularidades preocupantes: personal fantasma, registros de asistencia alterados y un esquema de corrupción donde policías pagaban parte de su salario para evitar trabajar. Son apenas 17, pero, pocos aviadores pueden ser el hilo de la madeja, y es urgente que la Contraloría continúe tirando de él para desentrañar la red de complicidades que permitió estos abusos. El testimonio del exregidor Mario Cardoso, quien evidenció que hasta la mitad de los policías faltaban al pase de lista mediante sobornos a sus mandos, debe ser investigado a fondo. Más allá de sancionar a unos cuantos, el reto es desmantelar el sistema corrupto que permitió estas prácticas. La ciudadanía espera que no haya borrón y cuenta nueva, sino consecuencias claras y responsables señalados.
El reto: calidad sobre cantidad
El anuncio del Ayuntamiento de Metepec, encabezado por Fernando Flores, de aumentar la plantilla de policías y abrir un proceso de reclutamiento es, en principio, una medida positiva para reforzar la seguridad pública. Contar con más elementos en áreas clave como proximidad social, reacción y tránsito puede traducirse en una mayor presencia en las calles, respuesta más rápida ante emergencias y mejor vigilancia del orden público. Sin embargo, aumentar el número de policías no garantiza por sí solo una mejora en la seguridad. Si el proceso de selección no es riguroso, existe el riesgo de contratar personal sin la preparación adecuada, lo que podría derivar en abusos, corrupción o un deficiente desempeño. Además, es fundamental que este crecimiento de la plantilla venga acompañado de inversión en formación, equipamiento y supervisión, pues más efectivos sin recursos ni estrategia serían una carga presupuestal sin resultados tangibles.
Desarrollo y conflicto en Lomas Verdes
Los vecinos de Lomas Verdes se oponen al paso de camiones de carga y revolvedoras hacia un lote unifamiliar donde se construye un complejo de viviendas, argumentando que impactará negativamente el área residencial. La construcción de mil viviendas, que implica un ingreso a través de su colonia, ha encendido el rechazo por la posible alteración del entorno de este fraccionamiento unifamiliar. Los residentes no sólo defienden su calidad de vida, sino también la planificación urbana de la zona. El conflicto plantea un desafío directo para Isaac Montoya, edil de Naucalpan, quien debe equilibrar el desarrollo urbano con las demandas de los residentes. Si bien el crecimiento urbano es necesario, no puede ser a costa del bienestar de los vecinos. El gobierno municipal tiene la responsabilidad de gestionar de manera ordenada estos proyectos y asegurar que los impactos negativos sean mitigados y que la armonía entre nuevas infraestructuras y zonas ya establecidas se mantenga.
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