El incremento de asaltos y robos en Santo Domingo, en este municipio gobernado por Abuzeid Lozano, ha llevado a sus vecinos a tomar medidas extremas, colocando mantas que advierten sobre posibles linchamientos contra quienes sean sorprendidos cometiendo delitos. Este tipo de acciones reflejan el hartazgo y la desesperación de una ciudadanía que se siente abandonada por las autoridades, en particular ante la poca presencia policial que, según denuncian, ha permitido que la inseguridad crezca sin control. Sin embargo, estas advertencias de justicia por propia mano pueden tener graves consecuencias, tanto legales como sociales, y lejos de resolver el problema, podrían agravar la situación.Recurrir al linchamiento no solo pone en riesgo el estado de derecho, sino que también puede derivar en tragedias, violencia indiscriminada y errores irreparables.
Otra vez San Salvador Atenco
La denuncia contra Talía Citlali Cruz Sánchez, alcaldesa de San Salvador Atenco, presentada por un síndico y una regidora ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, revela, en su caso, una preocupante muestra de arbitrariedad en el cierre de su administración. A escasos 10 días de concluir el periodo de gobierno, la convocatoria ilegal a los suplentes de estos ediles para evitar oposición en la reconducción de recursos públicos expone prácticas que debilitan los principios de transparencia y legalidad. Este caso no solo genera dudas sobre la integridad de las decisiones tomadas en los últimos días de gestión, sino también sobre el compromiso de la alcaldesa con la rendición de cuentas durante todo su gobierno.
Pérdidas millonarias
El prolongado bloqueo de 41 horas en las principales vialidades de Ecatepec, provocado por trabajadores del organismo local de agua que exigían el pago de prestaciones laborales, es un ejemplo alarmante del costo que tiene la incompetencia administrativa. Según la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), las pérdidas económicas superaron los mil millones de pesos, afectando no solo a las empresas locales, sino también a miles de familias cuyos ingresos dependen de la productividad de estas industrias. Además, el ausentismo laboral del 30 % en las plantas industriales pone en evidencia el impacto negativo que decisiones tardías y la falta de cumplimiento por parte del ayuntamiento tienen sobre la economía local.
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