La detención de Óscar Daniel “N”, exsubdirector de la Policía Municipal de Chicoloapan, por su presunta participación en el delito de extorsión es un recordatorio alarmante de la corrupción que aún persiste dentro de las instituciones de seguridad pública. El hecho de que un exmando policial esté señalado por abusar de su cargo para cometer delitos agrava la desconfianza ciudadana en las corporaciones encargadas de protegerlos. La captura, realizada en el marco del Operativo Enjambre con apoyo de fuerzas federales y municipales, demuestra la necesidad de una depuración constante dentro de los cuerpos policiacos para erradicar las prácticas delictivas desde su interior. Más allá de la aprehensión, lo verdaderamente importante será garantizar que el proceso judicial avance con transparencia y sin impunidad. Casos como este no solo deben derivar en sentencias ejemplares, sino también en un replanteamiento de los mecanismos de control y supervisión dentro de las instituciones de seguridad.

Fue señalado como probable participante en el delito de extorsión / Foto Especial
Fue señalado como probable participante en el delito de extorsión / Foto Especial

No hay plazo que no se cumpla

Las condiciones detectadas en el confinamiento metropolitano de Tersa del Golfo evidencian una gestión deficiente de los residuos urbanos, con riesgos ambientales que van desde la proliferación de fauna nociva hasta la contaminación de los mantos acuíferos por lixiviados. La Ciudad de México y municipios mexiquenses depositan diariamente miles de toneladas de basura en este sitio, lo que agrava la crisis ambiental si no se toman medidas inmediatas. El plazo fijado hasta mayo para corregir las irregularidades debe ser cumplido con rigor. El recorrido del presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, y de la secretaria de Medio Ambiente estatal, Alhely Rubio Arronis, subraya la urgencia de mejorar la disposición final de residuos. No basta con supervisar y exigir documentos si no se implementan sanciones efectivas contra quienes incumplen con la normatividad ambiental.

Daniel Serrano manifestó que en las mesas de transición no han entregado información completa. Foto: Arturo Contreras
Daniel Serrano manifestó que en las mesas de transición no han entregado información completa. Foto: Arturo Contreras

Efectos secundarios

La agresión sufrida por un profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, dirigido por Keshava R. Quintanar Cano apuñalado por un alumno durante una clase el pasado 19 de marzo, ha llevado a la suspensión de las actividades presenciales en el plantel. Este incidente, que dejó al docente con lesiones en el cuello y brazos, ha generado preocupación sobre la seguridad en las instituciones educativas. En respuesta, las autoridades del CCH Naucalpan han decidido que más de 10 mil estudiantes continúen sus clases en línea mientras se implementan medidas para reforzar la seguridad en el campus. ​ La decisión de trasladar las clases al formato virtual refleja la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar un entorno seguro para la comunidad educativa. Sin embargo, esta medida también pone de manifiesto las limitaciones y desafíos del sistema educativo para abordar y prevenir actos de violencia en sus instalaciones.

Keshava R. Quintanar Cano Foto: Especial
Keshava R. Quintanar Cano Foto: Especial

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