La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, enfrenta un desafío crítico en torno a la contaminación del río y la presa de El Capulín, en la zona de La Herradura. La intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la denuncia de vecinos subraya la gravedad de la emergencia sanitaria que afecta la calidad de vida de los residentes. Este problema no solo demanda acciones inmediatas de organismos como CONAGUA, CAEM y el Sistema Aguas de Huixquilucan, sino también una estrategia integral que priorice la restauración ambiental y la prevención de futuros daños. Es fundamental que las autoridades locales y federales trabajen en conjunto para garantizar el acceso a un entorno saludable. El deterioro ambiental del río y la presa de El Capulín pone en evidencia una preocupante falta de gestión adecuada en la preservación de los recursos hídricos en ese municipio del Valle de México. Los visitadores de la CNDH actúan como un recordatorio de la urgencia.
Prevenir, no solo limpiar
La reciente supervisión del alcalde de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, en Colinas del Sol y Geo Villas El Nevado para retirar 120 toneladas de basura acumulada resalta un problema urgente pero recurrente: la acumulación de residuos debido a la interrupción del servicio de recolección. Aunque estas acciones inmediatas son necesarias, no representan una solución sostenible. La clave está en atacar el problema desde su origen, promoviendo una cultura de reducción de residuos y garantizando un sistema de recolección eficiente. La solución no radica únicamente en limpiar las calles cada vez que la basura se acumule, sino en establecer estrategias que fomenten la generación responsable de residuos y el reciclaje. Para lograr un impacto duradero, es esencial combinar estas acciones con una comunicación efectiva que refuerce la corresponsabilidad ciudadana en el cuidado del entorno.
Promesa ambiciosa
El anuncio del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, sobre su compromiso de combatir la venta ilegal de alcohol es un paso necesario en la búsqueda de un entorno más seguro y ordenado. Reconocer que esta actividad se ha desbordado, utilizando incluso espacios públicos como calles y banquetas, evidencia un problema que afecta no solo la economía formal, sino también la convivencia ciudadana. La intervención de la Fiscalía General de la República y la COFEPRIS en este esfuerzo refleja la seriedad del planteamiento, pero también plantea preguntas sobre la capacidad real del Ayuntamiento para implementar y sostener operativos eficaces a largo plazo.El verdadero reto radica en hacer cumplir esta directriz en un contexto donde la informalidad suele encontrar vías para persistir.Moreno Bastida enfrenta una tarea que va más allá de un problema legal; es un desafío social y cultural.
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