El gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros, pondrá en marcha el cobro de multas a quienes infrinjan el Bando Municipal a partir del 10 de abril. La medida busca frenar prácticas como el maltrato animal, el desperdicio de agua y la acumulación de basura en la vía pública, problemas persistentes en el municipio. Las sanciones, que pueden alcanzar hasta 25 mil pesos, pretenden generar conciencia entre los ciudadanos y reforzar la cultura del respeto a las normativas locales. Su éxito dependerá de una implementación justa y sin sesgos. La administración municipal debe garantizar que el cobro de sanciones sea transparente y equitativo y evitar abusos o discrecionalidad en su aplicación. Además, el gobierno de la alcaldesa enfrenta el reto de acompañar esta medida con campañas de educación cívica y mejores servicios de recolección de basura y abastecimiento de agua para que los ciudadanos tengan condiciones óptimas para cumplir con la normatividad.
Inseguridad en centros comerciales
La violencia en centros comerciales, como la reciente balacera en Mundo E, evidencia la creciente inseguridad en Tlalnepantla y el reto que enfrenta el gobierno municipal. La detención de un menor tras el asalto a la joyería "Pandora" no solo refleja la participación de jóvenes en el crimen organizado, sino también la necesidad de estrategias más efectivas en prevención del delito. El alcalde Raciel Pérez Cruz debe reforzar la coordinación con las fuerzas estatales y mejorar la vigilancia en espacios públicos para evitar que estos hechos se repitan. Si bien la respuesta de la policía permitió la captura de uno de los presuntos delincuentes, es preocupante que un grupo armado haya podido ingresar con facilidad a un centro comercial y generar pánico entre los visitantes. Tlalnepantla no puede normalizar los asaltos violentos como parte de la cotidianidad.
Nuevo reto: los corralones
La reactivación de las infracciones de tránsito en el Valle de Toluca tendrá un claro beneficiario: las empresas de grúas y corralones que, lejos de operar con transparencia, han convertido el arrastre y resguardo vehicular en un negocio lucrativo a costa de los automovilistas. El caso de "Grúas Manzur, La Maquinita", propiedad de José Manzur Quiroga, ex funcionario estatal, es un ejemplo de cómo estas empresas operan sin supervisión efectiva, cobrando tarifas excesivas y sin exhibir públicamente sus precios, lo que vulnera los derechos de los ciudadanos. El abuso en las tarifas y la falta de regulación clara generan un problema aún mayor: muchos conductores, al no poder pagar los costos inflados por el tiempo de resguardo, terminan perdiendo sus vehículos. Es urgente que las autoridades estatales pongan freno a estas prácticas.
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