La decisión de imponer una veda inmobiliaria en Ecatepec es un acto de responsabilidad que reconoce los límites de un territorio ya saturado y con infraestructura rebasada. La intervención oportuna en el predio “El Desmonte”, donde se suspendieron 20 construcciones irregulares, refleja una voluntad política firme para frenar el crecimiento desordenado que durante años ha contribuido al deterioro urbano. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss ha marcado un cambio de rumbo desde el inicio de su gestión. La coordinación interinstitucional y el uso legítimo de la fuerza pública para frenar fraccionamientos clandestinos son pasos indispensables para recuperar el orden territorial. Sin embargo, esta estrategia deberá ir acompañada de vigilancia permanente, sanciones ejemplares y alternativas de vivienda digna para frenar de raíz el fenómeno de la urbanización irregular.
Ojos en Ixtapaluca
Las observaciones por 600 millones de pesos que enfrenta el municipio de Ixtapaluca por parte de la Auditoría Superior de la Federación son un síntoma alarmante de las deficiencias en el manejo de los recursos públicos. El presidente municipal, Felipe Arvizu, parece estar navegando solo en medio de una tormenta financiera y política, sin el respaldo de figuras clave como Higinio Martínez, quien hasta hace poco era su principal padrino político. La falta de resultados y la continuidad de malas prácticas administrativas ponen en entredicho no solo su gestión, sino la viabilidad del proyecto político que lo llevó al poder. En este contexto, el rumor de que la gobernadora Delfina Gómez prepara una "sacudida" en varios municipios del Estado de México no suena descabellado. Si el objetivo es alinear a los gobiernos locales con los principios de la Cuarta Transformación, Ixtapaluca podría ser uno de los primeros en ser intervenidos. La 4T no puede permitirse más cargar con gestiones señaladas por opacidad y desorden financiero.
Despojos, ahora, en Atizapán de Zaragoza
Los constantes señalamientos por despojos en Condado de Sayavedra, en Atizapán de Zaragoza, son una alerta grave sobre la fragilidad del Estado de Derecho en zonas que, paradójicamente, se consideran de alta plusvalía y seguridad. Que desde 2017 los vecinos hayan denunciado ante la Fiscalía sin obtener resultados favorables es una muestra clara de impunidad prolongada. El alcalde Pedro Rodríguez no puede seguir guardando silencio frente a un conflicto que no solo afecta la propiedad privada, sino que también pone en entredicho la legalidad de la operación de empresas de seguridad y la posible complicidad de sindicatos con historial delictivo. Las autoridades locales deben actuar con contundencia: auditar la empresa de seguridad que opera sin permisos, garantizar el respeto a la propiedad privada y exigir a la Fiscalía resultados tangibles. No se puede permitir que un fraccionamiento emblemático de la zona Esmeralda se convierta en tierra de nadie ante la pasividad institucional.
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