Los hechos registrados en Temoaya, donde pobladores amarraron a un poste al regidor electo Víctor Montiel Reyes y lo forzaron a renunciar, son un recordatorio alarmante del deterioro de los cauces democráticos en la resolución de conflictos políticos. Este acto, que incluyó privación de la libertad y amenazas, no solo constituye una grave violación a los derechos humanos, sino también una peligrosa normalización de la violencia como herramienta de presión. En una democracia, el desacuerdo debe canalizarse a través del diálogo y los mecanismos legales, no mediante actos que rozan el linchamiento público. La presentación de una denuncia penal por parte del Partido del Trabajo es un paso necesario, pero insuficiente si no se acompaña de una acción contundente por parte de las autoridades para garantizar justicia y prevenir la repetición de estas conductas. La impunidad sólo alentará a otros a replicar estas prácticas.
Toluca Limpia, un primer paso, ¿será suficiente?
El arranque del programa Toluca Limpia, con la nueva administración de Ricardo Moreno, que incluye la incorporación de tres barredoras eléctricas y 40 unidades de baja emisión, representa un esfuerzo por abordar el problema crónico de la basura en la capital mexiquense. Con 600 toneladas de residuos recolectados diariamente, es evidente que esta iniciativa es un paso positivo hacia el mejoramiento de las condiciones urbanas. Sin embargo, la magnitud del desafío plantea dudas sobre si estas acciones serán suficientes para transformar la ciudad en un espacio limpio y sostenible, especialmente cuando la cultura ciudadana sigue tolerando la acumulación de desechos en esquinas y espacios públicos. La limpieza de Toluca no depende únicamente de maquinaria moderna, sino de un cambio estructural que aborde tanto la gestión de residuos como la educación ambiental.
Abuso inaceptable
La denuncia de trabajadores en el Valle de México sobre la venta de plazas sindicalizadas, con costos que alcanzan hasta los 50 mil pesos, revela un grave problema de corrupción que afecta tanto a los empleados como a la confianza en las instituciones públicas. En municipios como Ecatepec, donde la mitad de los 8 mil trabajadores son empleados de confianza y enfrentan el riesgo de perder su empleo con el cambio de administración, estas prácticas representan una extorsión disfrazada de oportunidad. La venta de plazas perpetúa la desigualdad laboral y erosiona la credibilidad de sindicatos como el SUTEyM, cuya dirigencia local afirma desconocer estas transacciones. Las autoridades municipales y sindicales deben investigar estas acusaciones a fondo, sancionar a los responsables y establecer controles claros para evitar que estas prácticas sigan ocurriendo.
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