El cierre de edificios históricos en El Oro no sólo ha golpeado al turismo, sino que también ha afectado a toda la economía local. La falta de visitantes ha reducido las ventas de comerciantes, artesanos y prestadores de servicios, quienes dependen de la afluencia turística para subsistir. La restricción de acceso a lugares emblemáticos como el Teatro Juárez y el Socavón San Juan ha convertido a este Pueblo Mágico en un sitio menos atractivo para los viajeros, poniendo en riesgo su prestigio como destino cultural. Esta situación pudo haberse evitado si la alcaldesa Saray Benítez hubiera seguido los procedimientos adecuados antes de intervenir los inmuebles históricos. La falta de autorización del INAH ha provocado no solo el cierre de estos espacios, sino también una crisis económica para la comunidad. Ahora, en lugar de impulsar el turismo, la administración municipal enfrenta la presión de solucionar un problema que ella misma generó.
Echarse la bolita
La acumulación de basura en los alrededores del puente de San Bernabé es un reflejo del abandono y la falta de coordinación entre autoridades municipales. A pesar de las constantes denuncias ciudadanas, ni Ixtlahuaca ni Almoloya de Juárez han tomado cartas en el asunto, permitiendo que los tiraderos a cielo abierto sigan creciendo. La zona, en especial los alrededores de la plaza ganadera, se ha convertido en un foco de infección que pone en riesgo la salud de los habitantes y comerciantes que dependen de la actividad local. La inacción de los alcaldes Guadalupe Díaz y Adolfo Solís deja en claro que el problema de los límites municipales es solo un pretexto para justificar la falta de respuesta. Mientras ambos gobiernos evaden su responsabilidad, toneladas de basura siguen acumulándose, generando contaminación y afectando la calidad de vida de la población. Es urgente que dejen de pasarse la responsabilidad y trabajen juntos en una solución antes de que las consecuencias sean aún más graves.
Regresan infracciones a Tlalnepantla
El regreso de las infracciones de tránsito en Tlalnepantla marca el fin de una pausa de tres meses que, en teoría, buscaba erradicar abusos policiales. Sin embargo, más allá del discurso del alcalde Raciel Pérez Cruz sobre el respeto a la reglamentación, la verdadera prueba será garantizar que las multas no se conviertan nuevamente en un foco de corrupción. Aunque se ha anunciado que solo personal femenino debidamente identificado podrá aplicar sanciones, esto no basta si no hay mecanismos efectivos de supervisión y denuncia para evitar extorsiones. El reto de las autoridades no es sólo sancionar a quienes violen el reglamento, sino también recuperar la confianza ciudadana en la aplicación de la ley. De lo contrario, la reactivación de las multas podría interpretarse como un mero pretexto para generar ingresos a costa de los automovilistas.
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