El compromiso del alcalde de Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce, de ejecutar 400 obras públicas por año es una meta ambiciosa que, de concretarse, podría transformar significativamente el municipio. Sin embargo, la clave no está solo en la cantidad, sino en la calidad y el impacto real de cada proyecto. Realmente importa es si estas obras responderán a las demandas prioritarias de la ciudadanía o si solo serán proyectos de relumbrón. La administración municipal debe garantizar que cada peso invertido se traduzca en beneficios palpables para la población, evitando sobrecostos, opacidad o asignaciones discrecionales. En un contexto donde la confianza en los gobiernos locales es frágil, cumplir con esta meta no solo será un desafío operativo, sino también un ejercicio de rendición de cuentas ante los habitantes de Lerma.

Miguel Ángel Ramírez Ponce Foto: Aura Moreno
Miguel Ángel Ramírez Ponce Foto: Aura Moreno

Adiós a “Torre Pisa”

La "Torre de Pisa" de Naucalpan se ha convertido en un símbolo de negligencia estructural y de los riesgos que enfrentan cientos de familias en zonas vulnerables. La decisión del alcalde Isaac Montoya Márquez de asumir la demolición con recursos del gobierno local es necesaria, pero también revela la falta de previsión y regulación en el desarrollo urbano en administraciones anteriores. La pregunta clave es: ¿cómo se llegó al punto en que un edificio representara tal peligro que obligara a la evacuación de decenas de familias? La respuesta apunta a la urgente necesidad de reforzar la supervisión y evitar que construcciones defectuosas sigan poniendo vidas en riesgo. Más allá de esta demolición, el verdadero reto para la administración será la estabilización de taludes en colonias como Olímpica Radio II, Mártires de Río Blanco y San Lorenzo La Cañada. Estos trabajos no solo requieren inversión, sino también planeación a largo plazo para evitar que desastres similares sigan ocurriendo.

Isaac Montoya Márquez Foto: Rebeca Jiménez
Isaac Montoya Márquez Foto: Rebeca Jiménez

Boquete financiero

El reconocimiento de un boquete financiero de 3 mil 500 millones de pesos en Tlalnepantla pone en evidencia la falta de control y transparencia en administraciones pasadas. El alcalde Raciel Pérez Cruz ha señalado que gran parte de esta deuda corresponde a pagos pendientes con Conagua y CAEM, organismos clave para el suministro de agua, un servicio que enfrenta crisis constante en la región. Si bien el Cabildo ha autorizado un presupuesto histórico de 5 mil 100 millones de pesos para este año, la gran incógnita es si estos recursos serán suficientes para cubrir las deudas sin comprometer los proyectos esenciales para la ciudadanía. Más allá de la urgencia financiera, el tema central es la rendición de cuentas. ¿Quién permitió que las finanzas municipales llegaran a este punto? Pérez Cruz ha prometido que los funcionarios responsables deberán responder ante la ley y es imprescindible garantizar sanciones efectivas y, sobre todo, evitar que Tlalnepantla vuelva a caer en un ciclo de endeudamiento y corrupción.

Raciel Pérez Cruz. Foto Especial
Raciel Pérez Cruz. Foto Especial

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