La inauguración del Corredor Zumpango-Central de Abasto representa un avance importante para la movilidad en la región, especialmente para comunidades como San Juan Zitlaltepec, que históricamente han enfrentado dificultades de conexión con zonas clave de abasto y comercio. La iniciativa, impulsada por el gobierno municipal de Roselia García en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado de México, busca responder a una demanda real de la ciudadanía: transporte público directo, más seguro y eficiente. Sin embargo, como lo señala la vecina Claudia Valencia, el éxito de este nuevo corredor dependerá de su operación constante y de una cobertura suficiente. No basta con el acto inaugural; se requiere garantizar frecuencias regulares, unidades suficientes y condiciones adecuadas de servicio. La movilidad digna no puede ser un privilegio, sino un derecho accesible y sostenible para todas las personas que diariamente se trasladan para trabajar, estudiar o cuidar de sus familias.
Un millón de pesos para un evento
La gestión de Juan Maccise al frente del Ayuntamiento de Toluca en 2024 fue, en los hechos, una administración de mero trámite. Asumió como alcalde suplente tras la salida de Raymundo Martínez Carvajal, y en su breve paso por la presidencia municipal no hubo resultados concretos ni avances sustanciales para la capital mexiquense. Sin embargo, destinó un millón 160 mil pesos a la presentación de un informe que poco tenía que decir, más allá de justificar su presencia simbólica en el cargo. Este tipo de ejercicios vacíos evidencian una vieja práctica de la política local: gastar recursos públicos en actos protocolarios sin sustancia, mientras los problemas reales de la ciudad, como la inseguridad, los servicios públicos deficientes o el deterioro urbano, siguen sin atenderse. Si algo dejó claro la administración de Maccise fue que la suplencia no significó continuidad ni cambio, sino una pausa costosa para una ciudad que no puede permitirse perder el tiempo. Así se las gastó “Juanito”.
Se calienta el sur de nuevo
El fin de la aparente "tregua" entre autoridades municipales y grupos del crimen organizado en la zona sur del Estado de México revela la fragilidad del control institucional sobre estas regiones. Municipios como Ixtapan del Oro, Luvianos, Ocuilan y Valle de Bravo vuelven a padecer las consecuencias de la violencia criminal, esta vez reflejada en el incremento desmedido de precios en productos básicos. Que el costo del pollo haya pasado de 62 a 98 pesos en tan solo 15 días no es solo una anécdota económica: es el rostro cotidiano de un conflicto que golpea directamente el bolsillo y la seguridad alimentaria de miles de familias. Este fenómeno confirma que los acuerdos informales con grupos delictivos solo posponen el problema de fondo: la ausencia del Estado de derecho. La “tregua” nunca fue una solución real, sino un respiro momentáneo impuesto por fuerzas ajenas al gobierno.
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