El reciente robo de burritos y caballos en "Burrolandia México", el único santuario dedicado a la preservación del burro mexicano en Otumba, Estado de México, es un hecho alarmante que pone en entredicho la seguridad y el compromiso de las autoridades locales con la protección de su patrimonio cultural y natural. Este santuario no solo es un refugio para una especie en peligro de extinción, sino también un símbolo de la identidad de Otumba, conocido históricamente como la cuna del burro. La falta de medidas preventivas y de una respuesta inmediata ante este delito refleja una preocupante desatención por parte del gobierno municipal. El alcalde de Otumba, Hilarión Coronel Lemus, ha destacado en sus informes de gobierno avances en áreas como seguridad y desarrollo social. Sin embargo, eventos como el robo en "Burrolandia" evidencian una desconexión entre los discursos oficiales y la realidad que enfrentan los ciudadanos y las instituciones locales.
Violencia en Toluca
El primer mes de gobierno de Ricardo Moreno en Toluca arranca con una escalada de violencia. Tres homicidios dolosos y el hallazgo de cuerpos calcinados y desmembrados marcan un inicio sombrío para su administración. Esta ola de crímenes refleja la continuidad de la crisis de seguridad que, en 2024, posicionó a Toluca como el segundo municipio más peligroso del Estado de México, según el Observatorio Nacional Ciudadano. Moreno enfrenta ya una prueba decisiva: devolver la paz a una ciudadanía que, tras años de índices delictivos elevados, espera acciones concretas más allá del discurso. La violencia no solo afecta a Toluca, sino que se extiende a la zona metropolitana, con municipios como Metepec y San Mateo Atenco también entre los más inseguros de la entidad. Este contexto demanda un plan integral de seguridad que incluya inteligencia policial, fortalecimiento de la justicia y programas sociales para prevenir el delito.
Una realidad parcial
Las declaraciones del arzobispo metropolitano de Toluca, Raúl Gómez González, negando extorsiones o cobros de derecho de piso hacia jerarcas católicos, reflejan una realidad parcial que no puede ignorarse. Si bien las iglesias pueden no ser blanco directo del crimen organizado, el propio arzobispo reconoce que las comunidades donde opera la Iglesia viven bajo el asedio constante de la violencia y la extorsión. Es momento de que la Iglesia, más allá de negar afectaciones directas, adopte un papel activo en la denuncia y acompañamiento de quienes padecen estas violencias. Raúl Gómez González tiene la oportunidad de visibilizar la crisis que golpea a las comunidades rurales del norte y sur del Estado de México y exigir soluciones a las autoridades.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex
