El retiro del comercio ambulante en Ixtlahuaca ha desatado una fuerte polémica, pues mientras las autoridades locales justifican los operativos como una medida para recuperar el orden, los vendedores denuncian abusos y trato indebido. La falta de diálogo y de alternativas económicas para quienes dependen del ambulantaje sólo agrava el conflicto, generando tensiones innecesarias. Más allá de imponer desalojos con uso de la fuerza, el municipio debe buscar soluciones incluyentes que regulen el comercio sin vulnerar los derechos de quienes intentan ganarse la vida dignamente. Los testimonios de los vendedores ambulantes de Ixtlahuaca revelan una preocupante tendencia: el uso desmedido de la fuerza pública en operativos de desalojo por parte del gobierno encabezado por Guadalupe Díaz. El decomiso de mercancía sin previo aviso y la presunta intimidación por parte de las autoridades municipales no solo afectan la economía de las familias que dependen de este comercio, sino que también evidencian una gestión autoritaria del espacio público.
Política de cuidados
La regidora de Metepec Yuri Castañeda ha destacado cifras que reflejan la necesidad urgente de fortalecer la atención a sectores vulnerables en el Pueblo Mágico de Pec: 13.41% de la población vive con alguna discapacidad, 14.2% son adultos mayores y 25.53% corresponde a la primera infancia y adolescencia. La aprobación del Sistema de Desarrollo Municipal, que incluye la creación del Sistema Municipal de Cuidados, es un avance significativo en la construcción de una red de apoyo que garantice mejores condiciones de vida para estos grupos. Sin embargo, su éxito dependerá de que se destinen los recursos adecuados y se implemente con eficacia. La creación del Sistema Municipal de Cuidados debe traducirse en acciones concretas que incluyan infraestructura, servicios accesibles y apoyos reales para quienes requieren atención especializada. Sin una estrategia clara de financiamiento y seguimiento, el proyecto corre el riesgo de quedarse en el papel, sin lograr un cambio tangible para las personas que más lo necesitan.
Con calma y a multar
La decisión del alcalde Isaac Montoya Márquez de suspender las infracciones de tránsito durante los primeros meses de su gestión responde a la intención de erradicar actos de corrupción en la corporación. Sin embargo, esta medida, aunque bien intencionada, no puede extenderse indefinidamente sin afectar el orden vial. Garantizar la integridad de los agentes de tránsito es fundamental, pero también lo es aplicar la normativa para evitar el caos en las calles. La clave estará en que, cuando las multas se reactiven en mayo, exista un mecanismo efectivo de supervisión que impida la reincidencia en viejas prácticas corruptas. La corrupción entre agentes de tránsito no se resuelve únicamente pausando sanciones, sino con estrategias de transparencia, capacitación y vigilancia interna. Más que retrasar la aplicación del Reglamento de Tránsito, el gobierno municipal debe asegurar que el regreso de las multas se realice con criterios claros y un sistema de denuncia ciudadana eficiente para evitar abusos.
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