Las recientes manifestaciones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río de Tenería, en Toluca, exigiendo audiencia con Horacio Duarte, secretario General de Gobierno, reavivan el debate sobre las tácticas de presión utilizadas por ciertos grupos estudiantiles. La ocupación de la Avenida Lerdo de Tejada y la exigencia de atención directa a sus demandas reflejan una estrategia que, si bien busca visibilizar problemáticas legítimas, recurre a métodos que afectan a terceros y generan cuestionamientos en la opinión pública.
Históricamente, las normales rurales han sido semilleros de activismo social, defendiendo la educación pública y los derechos de las comunidades marginadas. Sin embargo, la línea entre la protesta legítima y el comportamiento rijoso es delicada. Cuando las acciones de presión trascienden al vandalismo o a la interrupción de servicios públicos, se corre el riesgo de deslegitimar las causas defendidas.
Y sigue la corrupción en Ecatepec
La denuncia sobre el control ilegal de cinco pozos de agua potable en Ecatepec por parte de sindicatos expone una grave red de corrupción que afectó directamente a miles de familias.
Según Francisco Reyes Vásquez, director de SAPASE, esta práctica fue posible gracias a la omisión de las autoridades anteriores, lo que permitió que grupos lucraran con un recurso vital en comunidades vulnerables.
Este abuso no sólo agravó la crisis hídrica en el municipio, sino que también representó un desvío de recursos públicos que contribuyó al endeudamiento local, evidenciando la urgente necesidad de un manejo más transparente del sistema de agua potable. La explotación ilegal del agua en Ecatepec refleja un problema mayor: la impunidad ciertos grupos.
De todo se encuentra en Toluca
La detección de una nueva modalidad de narcomenudeo en Toluca, donde se ofertan gomitas con sustancias ilícitas o con sabor a bebidas alcohólicas, representa una alerta urgente para las autoridades y padres de familia. La preocupación expresada por Jorge Alberto Ayón Monsalve, director general de Seguridad y Protección, destaca que este problema está afectando principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria, lo que evidencia la vulnerabilidad de los jóvenes ante estrategias cada vez más sofisticadas del crimen organizado. Es imprescindible que se refuercen operativos en las inmediaciones de las escuelas y se implemente una campaña de prevención para evitar que más adolescentes caigan en este consumo disfrazado. La falta de denuncias directas sugiere que muchos padres, maestros y alumnos desconocen la magnitud del problema o temen represalias.
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