La administración de Raymundo Martínez Carbajal en Toluca vuelve a estar en el centro de la polémica tras revelarse irregularidades en la compra de armamento para la Dirección de Seguridad Pública. Según la auditoría financiera CM/AU/007/2024, realizada por la Contraloría Municipal, se detectó que el ayuntamiento pagó más de tres millones de pesos a la Dirección General de Industria Militar de la Sedena sin recibir el equipo solicitado ni contar con facturas que acrediten la entrega. Esta falta de control y transparencia representa un presunto daño al erario público por un millón 808 mil pesos que evidencia, de nuevo, una gestión marcada por la opacidad y el mal manejo de recursos destinados a la seguridad ciudadana. Este caso trasciende lo individual y expone una cadena de negligencias dentro del gobierno municipal. Es urgente que se deslinden responsabilidades y se apliquen sanciones ejemplares. Estas irregularidades no pueden quedar en el olvido y que quienes formaron parte de esta gestión respondan ante la ley.
Y ya que hablamos de Toluca
Aunque las infracciones de tránsito siguen suspendidas en Toluca, por instrucciones de Ricardo Moreno, algunos policías municipales continúan extorsionando a automovilistas, aprovechándose de la confusión y el desconocimiento de los ciudadanos. El reciente caso del conductor de un tráiler, a quien dos uniformados le exigieron 500 pesos para evitar el corralón, es una muestra más de cómo la corrupción sigue presente en las calles. Esta práctica, lejos de mantener el orden, erosiona la confianza pública y convierte a quienes deberían garantizar la seguridad en actores de abuso e impunidad. Las autoridades municipales deben actuar de inmediato, sancionando a los responsables y reforzando la supervisión para erradicar estos actos. La administración local debe garantizar que la suspensión de infracciones no sea un pretexto para que la corrupción campee en las calles. Si Toluca aspira a ser una ciudad más justa y segura, es momento de actuar con firmeza y transparencia.
Abuso del 911: una broma que cuesta vidas
El alto número de llamadas falsas al 911 en el Estado de México es una alarma que no debe ignorarse. De las 5.2 millones de llamadas registradas en 2024, solo 1 millón correspondió a emergencias reales, mientras que el 80% fueron bromas, burlas o llamadas mudas. Este abuso colapsa un sistema diseñado para salvar vidas, retrasando la atención de quienes realmente la necesitan. Cada llamada falsa desvía recursos valiosos y tiempo crítico de los servicios de seguridad y salud, poniendo en riesgo a personas en situaciones límite. Es urgente que las autoridades refuercen campañas de concientización para que la ciudadanía entienda la gravedad de usar irresponsablemente esta línea de emergencia. Además de la prevención, se requieren sanciones firmes para quienes hagan mal uso del 911. La impunidad ante estas acciones sólo perpetúa el problema.
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