La reciente violencia en los municipios de Malinalco y Temascalcingo, donde tres policías municipales y un elemento más fueron asesinados en presuntos enfrentamientos con integrantes de la Familia Michoacana, evidencia la creciente presencia y control del crimen organizado en el Estado de México. Estos ataques no solo exponen la vulnerabilidad de las corporaciones locales, sino también la falta de estrategias coordinadas y efectivas para combatir el avance de grupos delictivos. Además, el anuncio de que estos grupos criminales buscan disputar la plaza de Toluca debería encender las alarmas en la administración del alcalde morenista Ricardo Moreno. La capital del estado no puede convertirse en un nuevo foco rojo pues ya hubo la presencia de las famosas narcomantas. El tiempo para reaccionar es ahora, antes de que el control territorial se convierta en una realidad irreversible.
Y una más de policía municipal
El video que muestra a Hared Rossano Huerta, director de Seguridad Pública de Mexicaltzingo, agrediendo a tres hombres en las instalaciones de la comisaría desata una fuerte indignación pública y reaviva el debate sobre los límites en el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Las imágenes de un detenido esposado siendo atacado por el uniformado evidencian un abuso de poder y una violación directa a los derechos humanos. Este tipo de actos no solo son inaceptables, sino que representan una traición a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar seguridad y justicia. La intervención inmediata de la CODHEM fue un paso necesario La presidenta de la CODHEM, Myrna A. García Morón, ha reiterado el compromiso del organismo con la protección de los derechos humanos, pero casos como este demuestran la urgente necesidad de reforzar la capacitación en el uso adecuado de la fuerza y en el respeto a la dignidad humana dentro de las corporaciones policiacas.
La administración pasada
La solicitud de la alcaldesa morenista de Los Reyes, La Paz, Martha Guerrero Sánchez para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México realice una auditoría inmediata a la administración pasada pone de relieve la magnitud de los problemas que enfrenta el municipio. Las denuncias de graves irregularidades, que van desde robo y sabotaje hasta un posible quebranto financiero que podría superar los 800 millones de pesos, son un recordatorio alarmante de cómo la corrupción y la mala gestión pueden devastar las finanzas públicas y la confianza ciudadana. Si las acusaciones se comprueban, será esencial que se castigue a los responsables, pero también que se implementen medidas preventivas para evitar que estas prácticas se repitan en el futuro. La administración de Martha Guerrero tiene ante sí un reto monumental: no sólo esclarecer las irregularidades heredadas, sino también establecer un modelo de gobernanza que priorice la planeación urbana, la justicia social y la transparencia.
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