La meta anunciada por la CONAVI de construir 36 mil viviendas en el Estado de México como parte del programa “Vivienda para el Bienestar” suena ambiciosa, pero los avances revelados por su titular, Rodrigo Chávez Contreras, evidencian un ritmo lento y limitado. Que a estas alturas del año solo se hayan recibido tres predios y se proyecten apenas 3 mil viviendas en 2025, plantea dudas razonables sobre la viabilidad de cumplir con el objetivo total. Más allá de la cifra total, lo importante es entender cómo estas unidades se integrarán al entorno urbano, si contarán con servicios adecuados y si realmente atenderán a las familias que más lo necesitan. Es necesario tener claridad también sobre los criterios de asignación de las viviendas, el proceso de ejecución y los empleos que generarán. El anuncio corre el riesgo de quedarse en una promesa sexenal más, útil para el discurso político pero insuficiente para resolver el problema estructural de la vivienda en la entidad.
Sin trabajo en equipo
Las declaraciones del alcalde de Coacalco, David Sánchez Isidoro, en torno a la desaparición de seis mujeres y la reciente protesta en la Vía López Portillo, dejan entrever una preocupante tendencia a deslindarse de responsabilidades bajo el argumento de competencias institucionales. Si bien es cierto que las investigaciones corresponden a la Fiscalía estatal, minimizar el papel de la policía municipal y reducirlo a un acompañamiento ocasional muestra una falta de empatía y de comprensión del papel que deben jugar los gobiernos locales en la protección de sus ciudadanos. Aún más alarmante es que el alcalde sugiera que los delitos seguirán ocurriendo y que su solución pasa por el “rescate de valores y principios” desde el hogar, en lugar de asumir un compromiso real con políticas de prevención eficaces, mayor vigilancia y articulación con otras instancias de seguridad.
Escuelas vigiladas
El operativo de seguridad anunciado por el gobierno municipal de Toluca, encabezado por el alcalde Ricardo Moreno, durante el periodo vacacional de Semana Santa es una medida preventiva que busca proteger espacios educativos y edificios públicos. El despliegue de 600 elementos, acompañado de patrullas, motopatrullas, binomios caninos y vigilancia con cámaras, refleja un esfuerzo institucional por mantener el orden en un periodo en el que históricamente aumentan ciertos delitos como el robo a escuelas o inmuebles deshabitados. Y un detalle a notar: durante las vacaciones, las escuelas se convierten en blancos vulnerables de la delincuencia, especialmente de robos y actos de vandalismo. Al estar desocupadas y, en muchos casos, sin la vigilancia constante que caracteriza a los días laborables, los delincuentes encuentran en ellas una oportunidad fácil para sustraer equipo educativo, dañar instalaciones o incluso ocupar los espacios para actividades ilícitas.
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