La existencia de 181 asentamientos en zonas de riesgo alrededor del Cerro de los Magueyes, donde habitan más de 6 mil personas, representa una alerta que no puede postergarse. El alcalde de Metepec, Fernando Flores, tiene ante sí una responsabilidad mayor: pasar del monitoreo constante a la acción preventiva decidida. La prioridad debe ser garantizar la seguridad de quienes viven, trabajan o estudian en zonas vulnerables, especialmente cuando se trata de inmuebles públicos y educativos. Es deber del ayuntamiento, encabezado por Fernando Flores, diseñar y ejecutar estrategias claras de posible reubicación, reforzamiento de estructuras o incluso restricciones de uso del suelo en zonas críticas. Las autoridades deben actuar con visión, sensibilidad social y firmeza para proteger la vida y el patrimonio de miles de familias.
Puntos ciegos en Cuautitlán Izcalli
La desconexión de al menos 25 cámaras de seguridad en Cuautitlán Izcalli, presuntamente por grupos delictivos, revela un preocupante nivel de vulnerabilidad en el sistema de videovigilancia municipal. El alcalde Daniel Serrano Palacios, quien detectó esta grave situación durante un recorrido, enfrenta ahora el reto de restaurar no solo la operatividad del sistema, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad. Crear “puntos ciegos” para facilitar actividades delictivas no es solo un acto de sabotaje, sino una afrenta directa al Estado de derecho. Más preocupante aún es que los delincuentes no se limitaron a observar, como suele ocurrir con el “halconeo”, sino que intervinieron de manera directa para desactivar herramientas clave de la policía municipal. Esto exige una respuesta inmediata y contundente por parte del gobierno local y estatal: reforzar la infraestructura tecnológica, blindar el sistema contra nuevas intervenciones y esclarecer si hubo complicidad interna.
Piden menos ambulantes
El retorno del comercio ambulante en zonas estratégicas de Toluca, como la Terminal y el primer cuadro del centro, refleja una preocupante permisividad por parte del gobierno municipal. Las críticas del sector empresarial, encabezadas por Fernando Reyes Muñoz, presidente de CANACO SERVYTUR Valle de Toluca, no son menores: señalan que esta laxitud viola lo estipulado en el Bando municipal y echa por tierra los avances logrados en la regulación del comercio informal. El descontrol no solo afecta la imagen urbana, sino que también castiga al comercio establecido que cumple con impuestos y normativas. La administración municipal debe asumir con seriedad su papel regulador y evitar decisiones populistas que comprometen el orden y la legalidad. Tolerar la proliferación del ambulantaje no puede considerarse una política social, mucho menos una solución económica.
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