En un país muy lejano el voto popular tocó a las puertas del Poder Judicial, quien ahora vive el reto de vivir la democratización, sin caer en la partidización, y acceder a la pluralidad, donde no influyan los grupos de poder.

Esta narración, que inicia como un cuento de hadas, donde democracia y pluralidad, parecieran el remate de una feliz historia, ilustra los retos de la inédita reforma judicial que fue promulgada en México el 15 de septiembre de este año.

Inédita porque en tiempos del neoliberalismo y dominio tricolor hubiera sido impensable que las puertas del Poder Judicial se abrieran al voto ciudadano. Jueces, magistrados y ministros eran figuras lejanas, extrañas e incluso temibles para los ciudadanos y ciudadanas, quienes poco sabían de cómo eran designados estos impartidores de justicia, además de preferir no caer en algún litigio para no ser sometidos a un tortuoso proceso judicial.

Ahora, la reforma judicial está en marcha y uno de sus principios básicos radica en su apuesta a la democratización y pluralidad.

Y es que al designar mediante el voto popular a jueces, magistrados y ministros se garantizaría que una vez en el cargo actúen con transparencia y estén obligados a rendir cuentas de sus decisiones y fallos.

De igual forma se buscaría que los impartidores de justicia sean más sensibles a las demandas ciudadanas, es decir, que los fallos sean más humanos.

En materia de pluralidad, al plantearse una postulación abierta, para aspirantes que reúnan los requisitos, los promotores de la citada reforma consideran que habrá candidatos y candidatas con múltiples orígenes y distintas trayectorias profesionales.

De esta forma los futuros impartidores de justicia no sólo serán quienes ya han ocupado distintos cargos al interior del Poder Judicial.

También se rechaza que la reforma judicial favorezca a los simpatizantes de un partido político o a quienes son cercanos al gobierno federal, pues se asegura que el proceso de selección incluye una insaculación que evita sesgos.

Así, en junio de 2025 se prevé una primera elección de 464 magistrados y 386 jueces, además de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, el cuento de hadas también tiene posibles villanos, pruebas que deberá sortear la reforma judicial para cumplir con dichos postulados de democracia y pluralidad.

Democratización que deberá superar el dique de la partidización y el uso de estructuras electorales, que de manera velada podrían promover a quienes serán candidatos a jueces, magistrados y ministros.

A su vez, la pluralidad deberá significar una distancia de los grupos de poder, así como evitar que las personas designadas sean proclives a una ideología política o partidista.

En esta ruta, la histórica reforma judicial deberá impulsar que ciudadanos y ciudadanas independientes, es decir, sin fobias y filias políticas, pero con la trayectoria y preparación requerida, puedan convertirse en los guardianes de la justicia.

La prueba del ácido de la reforma judicial también consistirá en no requerir de apoyos externos para convertirse en un impartidor de justicia, es decir, que los aspirantes sean evaluados de manera técnica, y no política, por los comités de evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para posteriormente ser designados mediante una elección imparcial.

De lograrse lo anterior, las hadas democráticas serán las ganadoras de este cuento judicial, en un país muy lejano, donde un día se abrieron las puertas de una Corte que hoy vive una nueva narración.

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