A un mes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los migrantes mexicanos y mexicanas enfrentan una política de miedo, instrumentada por el propio gobierno de este país.

De acuerdo con cifras del gobierno de México, entre el 20 de enero y el 17 de febrero habían sido deportados 11 mil 379 mexicanos y mexicanas, cantidad que podría considerarse baja con respecto a otras administraciones estadounidenses.

El Centro Nacional de Monitoreo de Movilidad y Migración Internacional del gobierno de México refiere que en 2023 fueron deportados de Estados Unidos 214 mil 838 mexicanos y mexicanas.

Esta cantidad representaría una deportación promedio mensual de 17 mil 903 personas.

Sin embargo, los propios migrantes radicados en Estados Unidos indican que el nivel de deportaciones, registrado de enero a febrero de 2025, podría deberse a que aún no termina de afinarse la suficiente infraestructura para incrementar las deportaciones.

Regresos forzados que son parte de la política migratoria entre México y Estados Unidos, pues de 1989 a 2024, es decir, en 35 años, el gobierno mexicano reporta la deportación de 19.2 millones de mexicanos y mexicanas.

No obstante, ahora la diferencia radica en una política más agresiva, que hasta el momento no se reflejaría en el aspecto cuantitativo, pero sí en el discurso gubernamental de la administración Trump.

Este panorama merma el ánimo de las comunidades migrantes, quienes ven vulnerados sus derechos, al ser considerados como ciudadanos de segunda categoría.

Esta discriminación no debería tener cabida en un país como Estados Unidos, cuya historia se basa en distintas migraciones.

Especialistas como Gabino González Becerril, investigador del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, refiere que cerca de 40 millones de mexicanos y personas con ascendencia mexicana viven en Estados Unidos.

De igual forma, estadísticas del propio gobierno estadounidense, correspondientes a los últimos censos de 2022, indican que 19.5% de su población es de origen latino, lo cual hace que sean el segundo grupo poblacional más grande del vecino país del norte, luego de los anglosajones.

A su vez, Judith Pérez Soria, investigadora del Colegio Mexiquense, estimaba que con datos de 2023, en Norteamérica radicaban 5.1 millones de connacionales sin la documentación legal.

Bajo este antecedente demográfico, los migrantes mexicanos resisten el embate de la administración Trump, donde una de sus principales opciones es permanecer en suelo estadounidense.

El regreso a México o suspender la migración no lo ven como una opción viable ante la prevalencia de necesidades económicas, por lo cual se organizan mediante distintos colectivos o agrupaciones de migrantes que buscan dar asesoría legal y psicológica a quienes están en riesgo de ser deportados.

Es una batalla que dan en suelo extranjero, pero que lleva implícito el orgullo de ser mexicanos, incluso en un territorio que anteriormente perteneció a México y que mantiene lazos con los connacionales que están del otro lado del Río Bravo.

Estos migrantes perciben como positivas las distintas estrategias que instrumenta el gobierno de México para recibir y apoyar a los migrantes que están siendo deportados, sin embargo, también refieren que su trabajo, familia y vida están en Estados Unidos, por lo cual un regreso sólo podría ser forzado y con la esperanza de volver a cruzar la frontera norte.

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