Érase una vez un árbitro transparente que terminó siendo infraccionado por la nueva realidad política.
Esta frase describe la encrucijada que hoy vive el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y el impacto colateral que se cierne sobre los órganos estatales, creados para garantizar que los ciudadanos accedan a la información de los distintos gobiernos.
Este escenario nadie lo hubiera imaginado hace un cuarto de siglo, cuando un sector de la ciudadanía consideraba urgente la apertura de archivos públicos para transparentar gastos, sueldos, presupuestos, auditorías y contrataciones de los distintos gobiernos.
Recordemos que desde 1977 ya existía el derecho a la información en el artículo sexto de la Constitución, sin embargo, era un buen deseo, pues no se acompañó de una ley que regulará esta disposición.
Fue hasta 2002, cuando se publicó, previa aprobación en el Congreso de la Unión, la ley federal de Transparencia, que estableció un andamiaje jurídico para que la ciudadanía accediera de manera real a información pública, lo cual implicó la creación del órgano nacional de Transparencia. Posteriormente en los estados se replicó esta aprobación.
Con el paso del tiempo estos órganos adquirieron autonomía constitucional, es decir, ya no dependían de ningún poder público, con lo cual están en posibilidad de sancionar incumplimientos en materia de Transparencia.
Sin embargo, hoy el INAI está en proceso de desaparecer. El anterior y actual gobierno federal lo consideran una burocracia dorada, un órgano elitista, cuyos recursos públicos deben ahorrarse, además de duplicar funciones de otras áreas gubernamentales.
En la iniciativa del anterior gobierno federal, para desaparecer al INAI y a otros seis órganos autónomos, se indica que estos entes tuvieron como intención el limitar el poder presidencial, enfrentar a la partidocracia y a otros poderes fácticos mediante instituciones “independientes”, además de acompañar los procesos de transición democrática, pues se requería de órganos nuevos, no contaminados, que alentaran los tiempos de cambio.
Sin embargo, dicha iniciativa, la cual retoma argumentos del jurista, Jaime Cárdenas Gracia; también refiere que varios de los órganos autónomos creados en México derivaron de recomendaciones o imposiciones de organismos internacionales, por lo cual responden a lógicas neoliberales.
En tal virtud, refiere la multicitada iniciativa, los órganos autónomos carecen de legitimidad democrática. Incluso su legitimidad es “tecnocrática”. Por el contrario, indica este razonamiento, es imprescindible que la sociedad apruebe estos órganos para no sólo constituirse como entes elitistas.
Y al desaparecer, el objetivo es que sus funciones las realicen a nivel federal, la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y en los estados, las respectivas Contralorías.
Sin embargo, prevalecen dudas específicas sobre cómo se garantizará que el ciudadano siga accediendo a información pública, además de conservar sus derechos para interponer recursos de revisión cuando le sean negados datos públicos. De igual forma es necesario precisar cómo seguirá funcionando la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual contiene información pública de los tres niveles de gobierno.
Desde una visión general, es claro que los órganos de Transparencia viven una crisis institucional, la cual también se generó por excesos y abusos de quienes ejercieron su presupuesto, no obstante, es necesario diferenciar entre la institución que tutelaba un derecho, y el obligado escenario de preservar el acceso a la información pública.
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