La corrupción no es un mal abstracto: es el cobro de una "mordida", el contrato asignado a dedo, el desvío de recursos para escuelas y hospitales. Combatirla exige un pacto social donde ciudadanos, medios y autoridades asuman su rol. Las cifras son una alerta, pero también una oportunidad. Como escribió Octavio Paz: "La corrupción es el espejo de una sociedad". Es tiempo de romper ese reflejo con la fuerza de una ciudadanía informada, organizada y valiente. El futuro de México depende de ello.
México enfrenta una crisis de corrupción que no solo daña su economía, sino que erosiona la confianza en sus instituciones. Según la Encuesta Nacional de Calidad Gubernamental (ENCIG 2021), el 15.4% de la población mayor de 18 años fue víctima de un acto corrupto en 2020, con un costo económico estimado en 10,300 millones de dólares, equivalente al 0.5% del PIB. El Índice de Percepción de Corrupción 2023 de Transparencia Internacional ubica a México en el puesto 126 de 180 países, una caída constante en la última década. Estas cifras no son sólo números fríos: Es el reflejo del problema.
A pesar de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en 2015 y por ende de los sistemas estatales anticorrupción, los avances son insuficientes. La falta de autonomía real de los órganos fiscalizadores, la opacidad en la rendición de cuentas y la colusión entre élites políticas y empresariales perpetúan el problema.
Es decir, aún hay obstáculos: el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades persisten. Para fortalecer la participación, se requiere:
1. Educación cívica en valores: Enseñar desde las escuelas el uso de herramientas de denuncia y los derechos frente a la corrupción.
2. Protección a denunciantes: Leyes que garanticen el anonimato y seguridad jurídica a quienes expongan irregularidades.
3. Gobierno abierto: Datos públicos accesibles sobre contrataciones y gasto gubernamental, con mecanismos de vigilancia ciudadana.
4. Colaboración público-social: Incluir a organizaciones civiles en el diseño de políticas anticorrupción, como ocurre en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero con mayor impacto real.
Por otra parte, es necesario aplaudir la decisión de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez de priorizar el combate a la corrupción en su administración, ya que no sólo responde a una demanda histórica de la sociedad mexiquense, sino que se erige como un eje estratégico para garantizar la gobernabilidad, la justicia social y la transformación institucional. Priorizar el combate a la corrupción permite sentar las bases para un gobierno más eficiente y legítimo. Sin embargo, su éxito dependerá de ampliar la participación ciudadana en la vigilancia y transparentar resultados concretos. Como ella misma afirma: “La corrupción es un fenómeno al que estamos decididos a combatir", pero sólo con una sociedad activa e instituciones sólidas se logrará desmantelar este mal estructural.
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