La pandemia de Covid-19 representó cambios significativos en la vida de las personas a nivel global y también en la de nuestro país. Por primera vez, las unidades y sistemas de salud se enfrentaron a una enfermedad desconocida que rebasó la capacidad instalada para la atención de los afectados por el coronavirus, así como por otras afecciones.
Ante la presencia de este fenómeno, por primera vez las y los mexicanos comenzamos a cuestionarnos: ¿cómo opera el sistema de salud de nuestro país? ¿Y quién o quiénes son los responsables de cuidar nuestra salud diariamente?
En México, nuestro sistema de salud se sustenta en tres pilares principales que operan de forma paralela, aunque con marcadas diferencias. El primero de ellos son los esquemas de seguro social basados en el empleo, es decir, aquellos a los que se puede acceder gracias a las prestaciones que el trabajador adquiere, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y en el caso de nuestra entidad, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
En segundo lugar, encontramos aquellos servicios de asistencia pública para personas no aseguradas. Este esquema se caracteriza porque la Secretaría de Salud financia y regula a estos prestadores de servicios de salud. Además, su correcta operación está a cargo de las autoridades y proveedores estatales y federales. Aquí encontramos instituciones como el IMSS-BIENESTAR, el desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) y los hospitales públicos.
Aquí destaca el hecho de que los seguros de salud públicos favorecen que la población de bajos ingresos, los trabajadores y sus familias puedan solventar los costos por enfermedades, sin tener la necesidad de incurrir en gastos asociados a los pagos derivados de servicios hospitalarios y atención médica.
Mientras tanto, algunos especialistas consideran un tercer escalón, donde podemos encontrar al sector privado, compuesto por proveedores de servicios, así como por aseguradores que no tienen ninguna relación con el sector público de salud, y para poder acceder a sus servicios es necesario el pago de estos. Dentro de este mismo rubro, se pueden incluir a los fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Este esquema de funcionamiento se estableció tras la reforma a la Ley General de Salud de nuestro país en el mes de febrero de 1984. La creación del Sistema Nacional de Salud tiene su origen en la reforma sanitaria que se ha venido implementando de manera gradual en México a partir de la década de 1980, después de la crisis financiera que llevó al borde de la quiebra al Estado mexicano. Además, dentro de la legislación vigente en esta materia, se contempla que la Secretaría de Salud federal tendrá un papel esencial como entidad financiera y administradora del Sistema Nacional de Salud.
Si bien se puede considerar que el Covid-19 es una pandemia superada en México, tras los 5 millones 733 mil 925 casos confirmados y 324 mil 134 defunciones registradas por la Dirección General de Epidemiología al 19 de marzo de 2025, los retos del sistema de salud prevalecen en nuestro país, por lo que será fundamental observar las estrategias que los gobiernos federales y estatales pongan en marcha.
La primera medida será cumplir con la recomendación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que invita a los países a invertir al menos el 6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud. Hasta diciembre de 2024, el PIB del sector salud en México reportó un monto equivalente al 5.1 por ciento del PIB total de la economía.
Síguenos en nuestras redes sociales:
Instagram: @eluniversaledomex, Facebook: El Universal Edomex y X: @Univ_Edomex.
