La reciente detención a principios de este mes de septiembre de los directores de Seguridad Pública de los municipios de Tlatlaya, Coatepec Harinas, Aculco y Acambay, en el Estado de México, por su probable participación en actividades de extorsión y protección a cárteles de la droga, pone de manifiesto una realidad contundente: la imperiosa necesidad de fortalecer a las policías locales para comenzar a reconstruir la paz social en nuestro querido México.
El punto de inflexión para mejorar la seguridad en nuestro país radica en la correcta selección de los líderes policiales. Estos deben tener la capacidad de gestionar eficazmente los recursos humanos, materiales y presupuestales de sus corporaciones, y establecer alianzas exitosas con la comunidad, los líderes sociales y las instancias gubernamentales de los tres niveles de gobierno, de manera transversal.
Hoy más que nunca, la confianza en las instituciones policiales está en juego. A pesar de las cuantiosas inversiones destinadas a la formación, profesionalización y equipamiento de los cuerpos de seguridad, es esencial recordar que no es fácil ingresar a una institución policial. Los aspirantes deben superar múltiples filtros, como requisitos documentales, exámenes físicos y médicos, controles de confianza, y completar al menos 1,080 horas (seis meses) de capacitación antes de poder transitar de ciudadanos a policías.
Sin embargo, a medida que los elementos policiales avanzan en su carrera, es común que surjan ciertos vicios que pueden derivar en conductas indeseadas o corruptas. Por ello, es fundamental reforzar los mecanismos de control sobre los mandos policiales, más allá del polígrafo (incorrectamente llamado detector de mentiras). Es necesario realizar investigaciones socioeconómicas para identificar cambios inexplicables en el estilo de vida de los policías, lo que permitiría reducir significativamente la probabilidad de la permanencia de malos elementos o una mala selección al momento de elegir altos mandos. De poco sirve un currículum impresionante si su integridad y honestidad están en duda.
Por otro lado, existe una práctica común y perjudicial en los tres niveles de gobierno: la designación de personas sin formación en seguridad, investigación de delitos o procuración de justicia. Muchas veces, estas personas no cumplen con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que agrava los problemas institucionales a través de negligencia, abuso o actos de corrupción.
Señores alcaldes, señores gobernadores, les insto a reflexionar sobre las palabras del poeta romano Juvenal: "¿Quién vigilará a los vigilantes?". En un sistema de seguridad ciudadana como el de México, el verdadero soberano no es usted ni su demarcación, sino la población. Su deber es cumplir con la ley vigente, y asegurar que las instituciones policiales estén dirigidas por profesionales de la seguridad que cumplan con los requisitos de ingreso y permanencia, para generar cambios positivos que impacten directamente en la comunidad y creen condiciones reales de paz y seguridad. De lo contrario, no se hagan los sorprendidos cuando sus mala decisiones agravan la seguridad de sus comunidades o sus administraciones se ven golpeadas por escándalos en materia de seguridad. En un servicio tan importante para la sociedad tan peligrosa y mortal es la ignorancia, así como la improvisación.
