En los 125 municipios que conforman el Estado de México se pueden contar historias muy diferentes. Si algo distingue a nuestra entidad es la heterogeneidad. Aquí conviven municipios con más de un millón de habitantes con otros que no superan los diez mil. Los primeros son muy pocos y, sin faltar a la verdad, puede decirse que las dificultades para medir el impacto de las políticas públicas en los municipios pequeños generan enormes desigualdades estructurales en el Estado de México.

Como muestra de ello, veamos algunos datos de dos municipios metropolitanos del Valle de Toluca: Metepec y Lerma. A pesar de que Metepec cuenta con el doble de presupuesto que Lerma, gasta menos en inversión pública que este último. El pago de deuda, el uso discrecional del capítulo 3000 y otros factores son el común denominador en los municipios grandes de nuestra entidad.

Podemos analizar estas asimetrías de otra manera si dividimos el presupuesto entre el número de habitantes. Siguiendo con el caso de Metepec y Lerma, al comparar los 17 municipios con mayor población del estado, se observa que Metepec es el que tiene el mayor ingreso per cápita, con 6,878.71 pesos. Este ejercicio se realizó considerando municipios con más de 300,000 habitantes, incluyendo a los dos del Valle de Toluca mencionados.

Ahora bien, si analizamos la distribución del presupuesto según el gasto, encontramos que Naucalpan, con un presupuesto anual de poco más de 5,000 millones de pesos, destina 52% de estos recursos a servicios personales (capítulo 1000), siendo el municipio que más gasta en este rubro entre los 17 seleccionados. Si a esto le sumamos que casi 13% de su presupuesto se destina al pago de deuda pública, resulta evidente por qué apenas puede dedicar 4.80% de su presupuesto a inversión pública. En otras palabras, la mala administración de este municipio en los últimos años ha dejado en condiciones muy limitadas a las nuevas autoridades, quienes tendrán que hacer esfuerzos extraordinarios para resolver estos problemas estructurales.

Algo similar ocurre en Ecatepec, el municipio más poblado del estado. Sin embargo, al distribuir sus recursos entre sus habitantes, el presupuesto per cápita apenas supera los 4,000 pesos, en contraste con los 6,878 pesos de Metepec. Estas diferencias derivan, entre otros factores, de la capacidad recaudatoria. Municipios como Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan tienen una mejor eficiencia en el cobro de impuestos, lo que les permite contar con más recursos propios para fortalecer su presupuesto de egresos. Por otro lado, municipios más pequeños, como Huixquilucan y Metepec, gozan de una condición privilegiada gracias a la combinación de una buena recaudación fiscal y la presencia de familias con ingresos altos entre sus habitantes.

Año con año, nuestros legisladores imponen nuevas cargas administrativas a los ayuntamientos sin advertir que las asimetrías presupuestales aquí expuestas marcan una enorme diferencia, sobre todo en los municipios pequeños. De los 125 municipios, más de 100 tienen menos de 300,000 habitantes, y de estos, alrededor de 80 cuentan con poblaciones que van desde 150,000 hasta menos de 10,000 habitantes. Esto deja en evidencia que las diferencias no solo son presupuestales, sino también estructurales en el desarrollo municipal. Como resultado, se pone en duda la viabilidad de proyectos diseñados desde la capital del estado bajo el supuesto de que todos los municipios tienen las mismas condiciones para cumplirlos.

En los últimos años, se ha obligado a los municipios a crear nuevas unidades administrativas para las cuales no tienen presupuesto, estructura orgánica ni experiencia para hacer cumplir los mandatos que la ley les impone. El Estado de México necesita una reforma municipal con políticas públicas que reconozcan estas asimetrías y que otorguen a los municipios más pequeños un modelo de regionalización, acercándolos a los recursos públicos que por sí mismos no pueden generar.

Ese eventual apoyo debe alejarse de cualquier tentación centralista, donde las mismas obras se realizan sin tomar en cuenta a las autoridades locales. La regionalización que impulsa el gobierno podría ser un camino adecuado si se logra introducir un modelo de planeación democrática, en el que los municipios reciban el apoyo institucional necesario para reducir las enormes inequidades que existen hoy en día en nuestro estado.

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