El populismo requiere de un liderazgo fuerte para lograr “articular lo político” (Ernesto Laclau), por ello la imagen de redentor del expresidente AMLO fue parte de la comunicación política tan exitosa que permitió, entre otras cosas, el holgado triunfo de Claudia Sheinbaum, quien carece del carisma de su mentor y guía, pero lo suple eficazmente con un tono discursivo breve y conciso, alejado de la pirotecnia del pasado y una marcada centralización de las decisiones políticas que opera con una mayoría legislativa disciplinada que se complementa con una oposición parlamentaria de carácter testimonial. Los poderes locales se suman a este diseño institucional que algunos parecidos tienen con el priato, pero que goza de una mayor eficacia decisional, porque en estos momentos nadie le disputa el poder a la presidenta de la República.

La centralización de la vida pública no es nueva y aunque constitucionalmente somos una República federal, en los hechos la concentración presupuestal en la federación es determinante, con lo que se agudiza la dependencia política de gobernadores y alcaldes. Este año, por ejemplo, en la distribución presupuestal la CDMX tendrá un ingreso per cápita de 27 mil pesos por habitante, aproximadamente, mientras que nuestra entidad de apenas 15 mil. Dicha disparidad se traduce en desequilibrios en el crecimiento y combate a la pobreza, por citar solo dos fenómenos, pero adicionalmente dicha concentración presupuestal la terminan decidiendo las élites políticas capitalinas, que constituyen el epicentro de las grandes decisiones nacionales.

Durante el sexenio anterior el estrangulamiento presupuestario para los municipios fue mayúsculo, al desaparecer programas federales de apoyo a lo local. Esa decisión ha provocado una mayor desigualdad entre los municipios grandes y ricos contra los pequeños y pobres, básicamente porque los primeros tienen mediante su capacidad recaudatoria mayores posibilidades de obtener recursos propios. En los últimos años, los reportes de la cuenta pública que elaboró el OSFEM nos permiten conocer la estructura presupuestal de los municipios del estado de México y ahí, de nuevo la heterogeneidad nos demuestra los desequilibrios presupuestales que provocan la dependencia política y presupuestal de los alcaldes que llegan al poder prácticamente con cargas insuperables; el tamaño del capítulo mil (salarios) y las deudas que provienen de proveedores del trienio anterior, laudos laborales por despido injustificado y el propio costo de la deuda adquirida para hacer la poca obra pública que pueden presumir.

En las próximas colaboraciones pondré algunos ejemplos y datos comparativos que me permitirán redondear las hipótesis aquí compartidas. Mientras tanto valgan de ejemplos los casos de Lerma y Metepec: el primero tiene poco más de 170 mil habitantes y un total de egresos en el 2023 de $1, 086, 398.80, destacando que el capítulo mil les absorbe tan solo el 30,72% de su presupuesto, mientras que Metepec con 242 mil habitantes (aproximadamente), erogó durante el mismo año $2, 106,433.50, casi lo doble que el primero, y de los cuales, gasta un 36% en salarios. Sin embargo, Lerma invierte en el capítulo 6 mil (inversión pública) poco más de 410 millones de pesos y Metepec invierte en el mismo capítulo poco más de 122 millones, es decir, con la mitad del presupuesto, Lerma invierte más que Metepec en infraestructura. Las explicaciones pueden ser diversas, pero otro dato salta a la vista; Metepec gasta mucho más de pago de deuda que de inversión pública, con más de 221 millones de pesos al año y recordemos que el alcalde fue reelecto, lo mismo que el de Lerma. Otro dato es el gasto en servicios generales (capítulo 3000, relacionado con pago de servicios básicos, arrendamientos, servicios profesionales, servicios financieros, bancarios y comerciales y mantenimiento, entre otros), en donde de nuevo, las diferencias son abismales; Lerma gasta 78 millones 596 mil pesos en el capítulo 3000 y Metepec la friolera de 668 millones 475 mil pesos. Metepec gasta mucho en dicho capítulo, de nuevo más que en inversión pública, porque ahí se pagan servicios profesionales que no entran a nómina. Estos datos son públicos en la página del OSFEM y corresponden a la cuenta pública del 2023. Usted mismo saque sus conclusiones.

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